La firma de inversiones sueca EQT ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones voluntaria sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La sociedad oferente ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, cuya contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de ayer (18,28 euros).
La sociedad oferente considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente.
El pasado 15 de junio, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack.
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones.
Asimismo, la sociedad oferente ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y en colaboración con dicha autoridad.
Por su parte, la CNMV no dará el visto bueno a la oferta hasta que se le acredite la obtención de dicha autorización. No obstante, la sociedad oferente considera que la exigencia de esta autorización previa por el Consejo de Ministros dejará de estar en vigor el próximo 1 de julio, salvo que la vigencia de la normativa se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha.