Quién entra en las compañías españolas ha despertado los recelos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Habitualmente, el hecho de que un inversor apueste por una empresa no supone una preocupación, sino todo lo contrario, la muestra del interés por la actividad de una compañía y la confianza en que dicha empresa puede seguir creciendo.
A priori ese es el razonamiento que, sin embargo, cambia en función de quién muestre ese interés. Lo hemos visto en dos casos muy seguidos en el tiempo, como son Telefónica y Talgo. La aparición de inversores extranjeros, saudíes en el primer caso y húngaros en el segundo, ha activado el proteccionismo en nuestro país, pese a que el Estado lleva años reduciendo su peso en las empresas del país.
Si bien es cierto que el Estado posee participaciones en muchas empresas y la propiedad total en muchas otras, la economía española ha tendido hacia la liberalización, más que hacia el proteccionismo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo explicaba hace poco en una entrevista en La Vanguardia: "Somos un país abierto a la inversión extranjera, pero no somos ingenuos a la hora de hacer una evaluación del impacto de la llegada de capital extranjero".
Las otras participaciones del Estado en empresas españolas
De esa forma, Cuerpo justifica las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno con el objetivo de "proteger los intereses estratégicos de nuestras empresas y de nuestra economía en general". Otros responsables gubernamentales han incidido en la importancia de mantener la "españolidad", sobre todo en el caso de Telefónica, la principal compañía de Telecomunicaciones en España y que se enmarca dentro de ese grupo que se ha dado en llamar como "empresas estratégicas".
Telefónica
La SEPI está dispuesta a hacerse con una posición del 10% del capital en Telefónica. La idea es contrarrestar a la operadora saudí STC, que desembarcó sorpresivamente en el accionariado de Telefónica al adquirir el 9,9% del capital social de la compañía -un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% en derivados financieros- por un importe de 2.100 millones de euros.
Hasta la fecha, la SEPI ya ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una posición del 3,044%, si bien fuentes del mercado han apuntado a Europa Press que el Estado ya tiene otro 2% aparcado en derivados financieros.
Asimismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente que el Gobierno solicitará un asiento en el consejo de administración de Telefónica.
En este contexto, Álvarez-Pallete señaló en la recientemente celebrada Junta de Accionistas que los nuevos accionistas, en referencia a la SEPI y a STC, contribuirán a la "estabilidad accionarial" de la compañía.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que entre ese accionariado también se encuentran La Caixa (CriteriaCaixa y Caixabank) y BBVA, en lo que se puede considerar el 'núcleo estable' en el accionariado de la teleco.
En esa línea, el grupo La Caixa ha elevado recientemente su participación en el accionariado después de que CriteriaCaixa incrementase su peso en la compañía del 2,69% al 5,007%, por lo que si se suma al 2,51% que posee Caixabank el grupo es, al menos momentáneamente, el principal accionista de la empresa con el 7,517%.
Sin embargo, se prevé que esa situación cambie cuando la SEPI complete la adquisición del 10% de la compañía y que STC haga efectivo el 5% que, de momento y a la espera de la aprobación del Gobierno, posee en derivados financieros.
Talgo
El interés de un grupo inversor húngaro disparó las alarmas hasta que se conoció que el grupo Ganz-Mavag estaba detrás. Entonces, las sospechas se convirtieron en desconfianza. El Gobierno no quiere que este inversor se haga con Talgo, por lo que ya se ha mostrado dispuesto a frenar la operación por medio del llamado 'escudo antiopas'.
Pero lo que dice Óscar Puente, ministro de Transportes, es que la preferencia del Gobierno es otra: "Observamos la OPA con el máximo cuidado y a la espera de que otros actores entren en juego, entre los que se encuentran inversores y otros fabricantes. Se puede constituir una alternativa sin el auspicio del Gobierno, pero si hubiera que auspiciarla, valoraríamos esa opción".
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, Talgo es una empresa estratégica "a la que hay que proteger", por ello se pondrá el esfuerzo en que esa alternativa llegue a buen puerto y deje en nada la oferta de la empresa húngara. De esa forma, desde el Gobierno se ve con buenos ojos que los fabricantes Alstom, de origen francés, o Stadler, de Suiza, mostraran interés por Talgo.
¿Renfe?
El propio ministro de Transportes tiene otro frente abierto, que es el del transporte ferroviario. Renfe es una empresa pública, así que en este sentido el proteccionismo toma otro color. Según Puente, Ouigo está llevando a cabo una competencia desleal, lo que lleva tanto a la empresa francesa como a la española a entrar en una guerra de precios.
De esa forma, el ministro ha criticado duramente la actuación de los nuevos competidores en este mercado. A lo dicho, se suma una nueva queja, y es que ve "cierta trampa" en esta nueva competencia, dado que los rivales de Renfe han hecho su entrada en las líneas más rentables, mientras que Renfe, como operador público, se ocupa del resto.
