El número de funcionarios en España ha experimentado un notable incremento en el último año, reflejando una tendencia que apunta hacia la estabilidad y seguridad laboral en el sector público. En paralelo, una significativa proporción de jóvenes se muestra cada vez más interesada en preparar oposiciones como una vía para asegurar su futuro profesional. Este fenómeno responde a diversas motivaciones y tiene implicaciones importantes tanto para la estructura del empleo público como para el mercado laboral privado.
Más trabajadores públicos
En el último año, el número de afiliados a la Seguridad Social en las Administraciones Públicas ha aumentado en 111.232 personas, alcanzando un total de 2.965.222 empleados en enero de 2024. Este incremento del 3,9% respecto a enero de 2023 destaca el continuo crecimiento de los funcionarios en el sector público en España.
La mayoría de estos nuevos funcionarios se encuentran en las Administraciones autonómicas, con un total de 1.809.056 personas, representando un incremento del 4,43% respecto al año anterior. Sin embargo, la Administración central ha visto el mayor aumento porcentual con un 8,4% más de afiliados, alcanzando los 434.245 empleados. En la Administración local, el incremento ha sido más modesto, con un 0,11% más de empleados, sumando un total de 721.921 personas.
Un cambio significativo en el Registro Central de Personal (RCP) desde enero de 2023 ha contribuido a este aumento en las cifras. Ahora se incluyen todos los contratos temporales y otras categorías de personal como aquellos en formación o prácticas, proporcionando una imagen más completa del empleo público. Este cambio metodológico ha incrementado el número total de empleados públicos en un 15% en el último lustro.
A esto se suma que la convocatoria de empleo público para 2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca un hito histórico al superar por primera vez la barrera de las 40.000 plazas disponibles. El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros una oferta que incluye más de 20.000 plazas de turno libre para la Administración General del Estado (AGE), 10.600 puestos de promoción interna, y un total de 8.681 plazas para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, repartidas entre turno libre y promoción interna. Este significativo aumento triplica la media anual de plantillas respecto al periodo 2012-2017, reflejando la apuesta del Ejecutivo por fortalecer el empleo público.
Más jóvenes opositan para ser funcionarios
Un estudio reciente de OpositaTest revela que uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años considera la opción de opositar. Esta tendencia es especialmente pronunciada entre los jóvenes, quienes buscan estabilidad laboral en un mercado privado caracterizado por la precariedad.
La principal razón que impulsa a los jóvenes a preparar oposiciones es la estabilidad que ofrece el empleo público, más allá del salario. Los datos del INE muestran que el sueldo medio en el sector público es un 45% superior al del sector privado, con un promedio de 2.835 euros frente a 1.957 euros en 2022. Esta diferencia salarial, junto con la seguridad laboral, hace que el sector público sea una opción atractiva para muchos jóvenes.
El perfil del opositor en España es predominantemente joven y femenino. Las mujeres representan el 70% de los aspirantes a ser funcionarios, y más de la mitad de estas mujeres están actualmente en paro. Además, el 42% de ellas tiene estudios universitarios, lo que refleja un alto nivel de cualificación entre los aspirantes a empleo público.
El incremento continuo en el número de funcionarios y el creciente interés de los jóvenes por el empleo público plantea varios desafíos y oportunidades. Por un lado, se necesita una planificación adecuada para evitar una sobredimensión del sector público que podría afectar la productividad económica. Por otro, es esencial asegurar que las nuevas generaciones encuentren un equilibrio entre las oportunidades en el sector público y privado para mantener un mercado laboral saludable y dinámico. El panorama del empleo público en España refleja una búsqueda de seguridad laboral y una respuesta a las condiciones actuales del mercado laboral privado.
