El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley que incorpora la Directiva 2021/2118, la cual se refiere al seguro de responsabilidad civil para vehículos automóviles y al control de la obligatoriedad de este seguro. La normativa también modifica la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto se enviará al Congreso de los Diputados para su proceso legislativo.
Esta legislación mejora la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico. Se amplía y clarifica la definición de los vehículos que deben tener seguro obligatorio, mejora el sistema de valoración de daños personales, y aumenta la seguridad para las víctimas en casos de insolvencia de las aseguradoras, además de mejorar el control de las autoridades sobre la existencia de seguros.
Ampliación de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil
La nueva directiva amplía la definición de vehículos a motor, incluyendo ahora a vehículos agrícolas e industriales, los cuales deberán contratar un seguro obligatorio dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley. También se introduce la categoría de vehículo personal ligero, que abarca a los vehículos que pueden alcanzar entre 6 y 25 km/h si pesan mencos de 25 kg, o entre 6 y 14 km/h si pesan más de 25 kg. Esto incluye patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, que deberán tener seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esta medida busca equilibrar el fomento del transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes.
Para definir los detalles y el alcance de esta modificación, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración tendrá seis meses para proponer un desarrollo reglamentario del seguro obligatorio para estos vehículos personales ligeros. Además, el Gobierno creará un registro público de estos vehículos antes del 2 de enero de 2026.
La normativa también introduce mejoras significativas en las indemnizaciones a las víctimas, consensuadas por todas las partes implicadas, incluyendo la Administración Pública, asociaciones de víctimas, aseguradoras y expertos en responsabilidad civil. Estas mejoras buscan agilizar la valoración de indemnizaciones, evitar procesos judiciales proporcionando alternativas extrajudiciales, facilitar informes médicos y policiales gratuitos, y establecer plazos más cortos para la valoración médica y emisión de informes.
Los importes de las coberturas se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo y se ampliarán algunos supuestos indemnizatorios para mejorar la cobertura, incluyendo a personas dedicadas a tareas del hogar.
Para dar mayor seguridad a las víctimas de accidentes de tráfico, se amplían los supuestos de indemnización cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, incluyendo casos de insolvencia de aseguradoras.
Finalmente, se modifica la Ley 20/2015 para incrementar y mejorar las facultades de control del supervisor, garantizando la idoneidad de los directivos de aseguradoras y la implementación de planes preventivos de recuperación como herramientas de gestión de crisis.
