La economía española mantiene la senda de crecimiento iniciada en 2021, Madrid es la ciudad ‘de moda’ de Europa -con recetas fiscales principalmente liberales, recordemos-, el turismo cura todos los males y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma en este contexto que nuestro país va como un “cohete”. Subidos en esta nave espacial que parece que todo lo aguanta, los planes de los miembros de Ejecutivo pasan por aumentar todavía más los impuestos al sector privado para mayor gloria y engorde de la Administración Pública, que suma un ingente gasto político al creciente coste de las pensiones.
Casi 13.000 millones de euros destina la Seguridad Social, cada mes, a pagar las prestaciones sociales. De récord en récord. El gasto en funcionarios, por su parte, aumenta a un ritmo del 5,5% en el Estado, mientras que el coste de los 1,6 billones de euros de deuda en circulación también crece, por la subida de los intereses, y este año la Administración gastará alrededor de 35.000 millones en esta partida. Todo se sostiene por el repunte sostenido de los ingresos públicos por impuestos.
De hecho, si el aporte de la inflación -el impuesto silencioso- no fuera ya suficiente, 2024 marcará con total seguridad un nuevo máximo histórico de recaudación tributaria gracias, principalmente, al empuje del IRPF. El impuesto sobre la renta es el tributo que más crece, con un ritmo cercano al 8%, y ya en 2023 supuso el 44% del total de los ingresos. No obstante, todas las partidas mantienen cifras de crecimiento muy elevadas, muy por encima del repunte que registra la propia actividad económica. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el primer trimestre el IVA aportó un 5,5% más, mientras que los Impuestos Especiales crecieron un 6,6%. En conjunto, el Estado recauda un 7,5% más que el año pasado.
"Si España cumple este año el objetivo de déficit del 3% del PIB, el aplauso deben recibirlo los ciudadanos y las empresas de nuestro país"
Gracias al imparable aumento de los ingresos tributarios, la progresiva estatalización de España parece no tener fin. Y, a pesar de los vientos de cola, 2024 será otro año perdido en la siempre difícil tarea de ajustar el tamaño del Estado -el gasto público, esencialmente- a las necesidades reales de la economía española. Que el principal agente creador de empleo sea el sector público no es una buena noticia, la iniciativa privada es la que genera más riqueza, inversión, desarrollo e innovación.
Desde 2007, antes de la crisis financiera, la capacidad de generación de riqueza de nuestro país ha crecido un 36%. Concretamente, el PIB ha pasado de 1,07 a 1,46 billones de euros (dato de 2023) y España genera, por tanto, casi 400.000 millones de euros más cada año.
En el mismo periodo (2007-2023), el gasto público se ha disparado más de un 60%, es decir, casi el doble que el PIB. Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Administración Pública gastó 422.204 millones de euros en 2007, cifra que se incrementó hasta los 678.820 millones el año pasado. Es decir, que el sector público gasta hoy 256.600 millones más que en último ejercicio de la llamada ‘burbuja’ inmobiliaria, que vive estos días una hipotética ‘resurrección’ -con menos deuda privada- que se traduce en un coste disparatado de la vivienda.
Y todo este escenario de bondades macroeconómicas es posible porque España encara un ejercicio económico en el que el PIB, impulsado por el citado gasto público y con un récord turístico, probablemente repuntará más de un 2%. Y porque el sector privado, fuertemente perseguido por la Administración, se mantiene fiel a su propósito global de generar riqueza, crear empleo… Y pagar cada vez más impuestos.
Si nuestro país cumple el objetivo de déficit del 3% del PIB este año, el aplauso no debería recibirlo el Gobierno, sino los ciudadanos y las empresas de España.
