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Revista Capital

Competencia toma cartas en el asunto de la lucha del VTC y los taxis con el fin de beneficiar al...

Por Redacción Capital

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido el Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona sobre arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), ya que considera que determinados artículos, como la obligación de contratar el servicio con 60 minutos de antelación, van en perjuicio de los usuarios finales.

Así lo anunció el organismo este viernes en un comunicado, donde aseguró que las prohibiciones de geolocalizar el vehículo VTC antes de contratarlo y de estacionar o circular por vías públicas cuando no estén prestando un servicio inciden negativamente en la prestación del servicio a los consumidores y usuarios finales.

De esta manera, la CNMC alerta de que se provocarán mayores precios, menor calidad e innovación, disminuirá la oferta disponible y eso se traducirá en mayores tiempos de espera.

Con carácter previo, en julio de 2018 Competencia había recurrido también ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el reglamento aprobado para regular el servicio VTC en el área metropolitana de Barcelona.

"Entre otras medidas, dicho reglamento exigía una autorización específica para poder prestar servicios en dicho ámbito", explicaron desde la entidad. Actualmente dicho reglamento se encuentra suspendido tras la decisión del TSJ de Cataluña de adoptar las medidas cautelares solicitadas por la CNMC.

INVESTIGACIÓN EN MADRID

Asimismo, la CNMC ha anunciado que está analizando el proyecto de ordenanza reguladora de los VTC en Madrid, ya que considera que “introduce importantes restricciones a la actividad” de estos vehículos.

El proyecto incluye prohibir que los vehículos VTC estacionen a menos de 100 metros de aeropuertos y estaciones de ferrocarril y autobús, discrimina entre taxis y VTC en el uso del carril bus, restringe los días que pueden operar los VTC y establece limitaciones a la circulación en vacío de los VTC.

La CNMC recomienda una reforma integral de la regulación del transporte de pasajeros de manera que se fomente la competencia, se eviten discriminaciones injustificadas entre los operadores de taxi y VTC y se eliminen restricciones no justificadas en ambos sectores.

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