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La burocracia lastra los proyectos energéticos en España 

Los retrasos administrativos reducen en 6.900 millones el impacto de los planes de desarrollo energéticos en el PIB de España  El incumplimiento de los plazos administrativos ligados a los proyectos energéticos supone una minoración de su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de 6.900 millones de euros, según el informe ‘La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea’, elaborado por la consultora PwC.  Esta lentitud no es solo responsable de la minoración del impacto en el PIB nacional, sino que, además, generan incertidumbre en la canalización de alrededor de 15.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.   Una amenaza para la modernización  Se calcula que la lentitud de las Administraciones multiplica hasta por nueve el tiempo lega necesario para lograr una autorización. Los plazos en la concesión de las licencias triplican en la mayoría de las ocasiones el límite legal, pero los tiempos reales pueden incluso llegar a multiplicarse hasta por diez en algunas fases, como en la publicación de la resolución del trámite en el BOE correspondiente. Esto denuncia la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en un estudio realizado en función las respuestas de 145 empresas de nueve sectores industriales.  En el caso de los informes de impacto ambiental, claves para el desarrollo de los proyectos energéticos, entre otros, aunque el plazo para la autorización de los mismos no se detalle en la normativa, la formulación se limita a tres meses y la demora de la autorización es de casi siete veces más.  Actualmente, los procesos de tramitación administrativa de proyectos energéticos están llevándose a cabo en plazos "muy superiores a los establecidos por la normativa correspondiente", un incumplimiento que aparece en el 75% de las iniciativas evaluadas, según asegura el informe de la Alianza, formada por Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen,…