decreto ley

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su esperanza de que el Congreso respalde el Real Decreto-Ley que permitirá la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. Esta expectativa se funda en encuestas que sugieren que una mayoría de ciudadanos ve con buenos ojos esta medida. En palabras del propio Cuerpo, en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había señalado que las condiciones actuales en el Congreso no parecían ofrecer una mayoría a favor de este tipo de prórroga. Sin embargo, el vicepresidente ha destacado un “desarrollo interesante” en los últimos días, haciendo referencia a una encuesta del diario 'El Mundo' que indica que más del 50% de la población apoya esta extensión de los alquileres. El respaldo ciudadano podría ser clave para conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para convalidar el decreto en el plazo de 30 días Cuerpo ha insistido en que los partidos políticos deben considerar seriamente estos datos, que reflejan una clara tendencia de apoyo por parte de la ciudadanía. "Este tipo de información puede ser fundamental para garantizar un escenario de normalidad y previsibilidad para inquilinos y propietarios", ha subrayado el ministro. Con esto, se espera alcanzar la mayoría suficiente para la aprobación del decreto dentro del marco temporal autorizado desde su aprobación inicial.
La reciente aprobación de un decreto ley sobre vivienda por parte del Gobierno español busca mitigar las consecuencias del conflicto en Irán a través de la prórroga de alquileres. Según un informe del Ministerio de Consumo elaborado con datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estudios Fiscales, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el 54% de las personas beneficiadas por esta medida, lo que equivale a 2.687.392 afectados por 1.037.603 contratos que vencerán entre 2026 y 2027. Por territorios, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza, con 623.142 personas afectadas y 224.961 contratos de alquiler que vencerán en el bienio de referencia. Andalucía le sigue con 360.040 personas afectadas por 144.016 contratos, mientras que Cataluña cuenta con 474.814 afectados por 177.833 alquileres. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Galicia y Baleares también se verán impactadas, aunque en menor medida. Los contratos del País Vasco y Navarra quedan excluidos del informe por su régimen foral, lo que impide su inclusión en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria El decreto aprobado por el Gobierno incluye, además de la prórroga, un límite del 2% en la actualización anual de la renta de alquiler. Esta medida es parte de un esfuerzo por parte del Ejecutivo, liderado por el presidente Pedro Sánchez, de separar las normativas de vivienda de las medidas anticrisis debidas al conflicto en Irán, para aumentar las posibilidades de obtener apoyo parlamentario. Pese a ello, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado que se requiere una campaña de movilización social y política para asegurar la convalidación del decreto en el Congreso. Desde Sumar, han señalado la importancia de que los inquilinos cuyos contratos venzan…
El Pleno del Congreso ha dado luz verde al decreto ley del Gobierno que busca mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Esta aprobación se logró con el respaldo de la mayoría del hemiciclo, a excepción del voto en contra de Vox y la abstención del PP y Podemos. Este decreto, que ya estaba en vigor desde el pasado viernes, 20 de marzo, por la aprobación del Consejo de Ministros, ahora ha sido ratificado en el Congreso en el plazo de treinta días establecido para tal fin. El decreto contempla una serie de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros. Entre las principales disposiciones se encuentra la reducción del IVA del 21% al 10% en bienes esenciales como carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets. Además, se mantiene el precio máximo de venta del butano y el propano, y se reactiva la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria. Estas medidas también incluyen una drástica reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos Para los sectores más impactados por la crisis, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se ha diseñado una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional útil en sus actividades. Esta ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales del País Vasco y Navarra. Además, el Gobierno español ha implementado una prohibición de despidos objetivos causados por efectos económicos del conflicto en Irán para empresas que reciban ayudas públicas. Se fortalecerán las capacidades de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa se beneficie indebidamente de estas ayudas.…
En un movimiento sin precedentes en seis décadas, Cuba ha dado luz verde a la creación de empresas público-privadas tras la emisión de un decreto-ley publicado en la Gaceta Oficial de la República. Este cambio legislativo se produce en medio de una grave crisis económica y energética, exacerbada por las sanciones de Estados Unidos y la pérdida de suministro de petróleo desde Venezuela. El nuevo decreto-ley de Cuba especifica que las empresas mixtas en la isla tendrán la libertad de definir tanto los productos y servicios que ofrecerán como sus precios. Además, estas entidades podrán determinar los ingresos de sus empleados y el número de personas que conformarán su fuerza laboral. Es importante destacar que las actividades de estas empresas deberán ser lícitas y quedará prohibida su participación en la prestación de servicios de salud, educación o aquellas relacionadas con instituciones armadas, excepto cuando se vinculen a sistemas empresariales de dichos sectores. El giro legislativo cubano se alinea con un paquete de medidas lanzadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel a principios de febrero, encaminadas a mitigar el desabastecimiento crítico de combustible que asola a Cuba desde que Estados Unidos ejerció medidas militares sobre Venezuela, deteniendo el flujo de crudo hacia la isla. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que proporcionase crudo a Cuba Esta tensión regional ha intensificado la presión sobre la isla, obligándola a buscar nuevas salidas económicas y políticas para sobrevivir. La introducción de las empresas público-privadas representa un paso significativo en esa dirección, ofreciendo una posible vía para revitalizar la economía del país en medio de las difíciles circunstancias actuales.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reafirmado su postura en contra de dividir el decreto ley del denominado ‘escudo social’, tras ser rechazado dos veces en el Congreso por PP, Vox y Junts. Este decreto, que incluye medidas como la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a personas vulnerables, es visto por Mínguez como un paquete indivisible que «implica a mucha gente». El ‘escudo social’, introducido durante la pandemia para proteger a los más vulnerables, ha sido prorrogado mediante decreto ley en seis ocasiones. A pesar de ello, este año ha sido rechazado dos veces en el Congreso. En la primera ocasión, el decreto incluía la revalorización de las pensiones, sin embargo, PP, Vox y Junts lo rechazaron. Al eliminar la subida de las pensiones del decreto, el Gobierno intentó nuevamente su aprobación, sin éxito. Según los partidos opositores, el decreto promueve la ‘okupación’ al prohibir los desahucios. Mientras el socio minoritario del Gobierno, Sumar, sugiere dividir el decreto para salvar ciertas medidas, Mínguez mantiene su rechazo a esta opción. Recuerda que hace un año, PP y Junts apoyaron las medidas del ‘escudo social’ sin objeciones sobre la ‘okupación’. La diputada socialista enfatizó que el decreto ley está diseñado para proteger a personas vulnerables, no para afectar a pequeños propietarios. Cuando cae un decreto, no cae el Ejecutivo, sino la gente que necesita que el Boletín Oficial del Estado (BOE) les proteja Además, Montse Mínguez ha criticado que los mismos partidos también rechazaron un decreto del Ministerio de Consumo destinado a limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. La portavoz del PSOE subraya que el objetivo del Gobierno es asegurar la protección adecuada a quienes más lo necesitan, a pesar de las decisiones políticas en el Congreso.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha anunciado que el Gobierno de España está desarrollando un real decreto ley con el objetivo de paliar los daños ocasionados por las recientes borrascas en las infraestructuras rurales. Durante su visita a Jerez de los Caballeros, García Bernal destacó la importancia de reparar los caminos públicos que facilitan el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Iniciativas gubernamentales en las regiones afectadas El pasado fin de semana, García Bernal, junto con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recorrió varias localidades en las provincias de Cáceres y Badajoz, entre ellas Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota. En declaraciones a los medios, la secretaria de Estado subrayó que el trabajo del Ejecutivo es «estar en el territorio», destacando la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Andalucía. Probablemente, en dos semanas tendremos un real decreto ley a nivel interministerial para ayudar junto con las administraciones autonómicas y locales, tanto en Andalucía como en Extremadura García Bernal recordó que será Tragsa quien llevará a cabo las obras de reparación en las infraestructuras rurales, bajo la dirección de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). Por su parte, José Luis Quintana señaló que, una vez publicado el real decreto, será la delegación del Gobierno quien gestione los trámites posteriores. A pesar de no conocer aún los detalles específicos del decreto, Quintana destacó la disposición del Gobierno para colaborar con los ayuntamientos en la tramitación una vez anunciado. Además, se espera que este lunes, 16 de febrero, García Bernal y Quintana se reúnan con comunidades de regantes en Don Benito para abordar los daños causados por el temporal. La coordinación entre las distintas administraciones parece ser clave para la rápida implementación de las medidas…
El Consejo de Ministros ha implementado un nuevo real decreto-ley que otorga al Gobierno la capacidad de fijar un tope en los precios de servicios y productos durante situaciones de emergencia. Esta medida, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, busca modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo es limitar precios excesivos que puedan surgir en contextos críticos, abordando así las preocupaciones recientes de asociaciones de consumidores respecto a eventos como la dana de Valencia o el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Cómo funcionará el control de precios La nueva normativa establece que el Gobierno podrá intervenir fijando un precio máximo basado en el valor más alto registrado en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Además, si este precio máximo supera el 50% del precio promedio del mismo periodo, el límite se basará en ese precio promedio incrementado en un 50%. Este enfoque dual está diseñado para garantizar tanto la justicia para los consumidores como la viabilidad económica de los distribuidores. Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía Este tipo de regulación no solo se aplicará en declaratorias de emergencia de protección civil. El Consejo de Ministros será el único organismo autorizado para determinar otras situaciones aptas para la implementación de estas medidas, como accidentes o emergencias técnicas. A su vez, los comercializadores deberán notificar a los consumidores sobre los precios medios y máximos de las últimas semanas, asegurando la transparencia. Flexibilidad y derechos del consumidor La normativa prevé flexibilidad para permitir incrementos de precios solo si están objetivamente justificados, como en el caso de aumento de costos operativos. En situaciones específicas…
El Consejo de Ministros ha implementado un nuevo real decreto-ley que otorga al Gobierno la capacidad de fijar un tope en los precios de servicios y productos durante situaciones de emergencia. Esta medida, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, busca modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo es limitar precios excesivos que puedan surgir en contextos críticos, abordando así las preocupaciones recientes de asociaciones de consumidores respecto a eventos como la dana de Valencia o el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Cómo funcionará el control de precios La nueva normativa establece que el Gobierno podrá intervenir fijando un precio máximo basado en el valor más alto registrado en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Además, si este precio máximo supera el 50% del precio promedio del mismo periodo, el límite se basará en ese precio promedio incrementado en un 50%. Este enfoque dual está diseñado para garantizar tanto la justicia para los consumidores como la viabilidad económica de los distribuidores. Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía Este tipo de regulación no solo se aplicará en declaratorias de emergencia de protección civil. El Consejo de Ministros será el único organismo autorizado para determinar otras situaciones aptas para la implementación de estas medidas, como accidentes o emergencias técnicas. A su vez, los comercializadores deberán notificar a los consumidores sobre los precios medios y máximos de las últimas semanas, asegurando la transparencia. Flexibilidad y derechos del consumidor La normativa prevé flexibilidad para permitir incrementos de precios solo si están objetivamente justificados, como en el caso de aumento de costos operativos. En situaciones específicas…
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su grupo no apoyará el decreto ley propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de viviendas que decidan no aumentar el precio del alquiler al renovar contratos con los inquilinos. Sánchez señaló que el Gobierno planea enviar al Congreso un decreto ley que incluye una bonificación fiscal completa en el IRPF. Esta medida pretende compensar a los caseros, de modo que su ganancia sería equivalente a la de un incremento en los precios del alquiler al actualizar el contrato. No obstante, Ibáñez, quien también es diputado de Compromís, ha manifestado su desacuerdo con este enfoque al considerar que el decreto se ha realizado «pensando en los rentistas». En sus declaraciones a los medios, subrayó que, por este motivo, Sumar no prestará su apoyo al mencionado decreto. En un mensaje compartido en la red social X, el portavoz calificó la propuesta del Gobierno como «un regalo inaceptable a los rentistas», argumentando que se preocupa más por estos que por los inquilinos. «Su propuesta es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos», afirmó Ibáñez, reafirmando que la norma «no contará» con el apoyo de Sumar Además, Ibáñez enfatizó que la solución más adecuada sería presentar un decreto que detenga la «subida masiva» de precios del alquiler, un fenómeno que afectaría a casi 600.000 personas en España y que compromete «la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias».
La Alianza Energía y Territorio Aliente, un colectivo formado por más de 200 organizaciones, ha dirigido una carta a los diputados del Congreso solicitando que voten en contra del ‘decreto ley antiapagón’. Este decreto, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica, busca reforzar el sistema eléctrico para evitar apagones como el ocurrido el 28 de abril en la Península Ibérica. A pesar de que sus medidas están ya en vigor, necesitan ser ratificadas; de lo contrario, quedarán sin efecto. En su carta, Aliente expresa su profunda preocupación por las medidas que consideran que aceleran la implantación de energías renovables sin respeto por el medio ambiente y el entorno rural. El colectivo argumenta que el decreto «consolida una expansión desordenada y agresiva» del sistema energético, criticando su aprobación mediante una «falsa vía de urgencia». Señalan, además, que se reducen los plazos para autorizaciones administrativas y evaluaciones de impacto ambiental, lo que consideran una amenaza al orden legal medioambiental. Aliente alerta de que esta política «continúa atrayendo fondos de inversión que están destruyendo el país» Uno de los puntos más críticos es la exención de la evaluación de impacto ambiental, calificada por la plataforma como «especialmente grave». Además, Aliente subraya que el ritmo masivo de implantación está promoviendo especulación y desorden, en un contexto de precios bajos durante muchas horas del día. La carta también critica que el debate sobre el modelo energético esté dominado por el lobby industrial renovable, afectando al análisis riguroso y relegando el interés general. La plataforma defiende que un desarrollo sostenible requiere planificación que priorice eficiencia, electrificación del transporte y reducción de combustibles fósiles, sugiriendo que se exploren ubicaciones alternativas para proyectos energéticos. El mundo rural está siendo «agredido como nunca antes se había visto» Aliente denuncia que más de 60 mil hectáreas han sido transformadas, lo…