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Las denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por cambios de compañía eléctrica sin el consentimiento de los clientes y motivados por códigos de suministro erróneos se redujeron casi un 30% el año pasado. En 2024, el número total de denuncias por cambio de comercializador sin consentimiento debido a un ‘cruce de CUPS’ fue de 95, un descenso del 4% respecto al año anterior y casi 30% menos desde el pico de 135 en 2022, según el informe de supervisión de la CNMC. En 2023, la CNMC, bajo la presidencia de Cani Fernández, impuso una serie de medidas a compañías como Endesa Energía, Naturgy Iberia, Iberdrola Clientes y HolaLuz Clidom para evitar tales problemas. Estas medidas respondieron a un incremento del 360% en las denuncias en 2021, que alcanzaron máximos en 2022, representando el 31% del total de cambios no consentidos. Del total de disputas registradas en 2024, el 70% correspondió a las cuatro empresas mencionadas, mientras que el 30% restante fue atribuido a otras comercializadoras. Un error en el CUPS puede resultar en que los usuarios paguen por el consumo de otra vivienda o local, dejando a los afectados sin poder identificar correctamente a la comercializadora responsable ni reclamar adecuadamente. Las medidas de la CNMC incluyen la obligación de mostrar claramente el trinomio titular-dirección-CUPS durante la contratación, y solicitar confirmación de discrepancias en soporte duradero. Además, si se detecta un ‘cruce de CUPS’, se deben tomar nuevas precauciones y descartar cortes de suministro. Asimismo, cuando ocurre un error, el comercializador debe restablecer el punto de suministro con el proveedor original lo antes posible. Un «cruce de CUPS» no solo genera facturación incorrecta, sino que, en el peor de los casos, puede llevar a un corte de suministro si el nuevo usuario no paga las…
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar dos denuncias presentadas por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) contra la empresa de VTC Cabify. Las denuncias alegaban que la compañía no cumplía con el requisito de un tiempo mínimo de 15 minutos que debe transcurrir en Cataluña y la Comunidad Valenciana desde que el cliente solicita el servicio hasta que este se presta. Tras un análisis exhaustivo de los hechos denunciados, la CNMC dictó su fallo el pasado 14 de mayo, concluyendo que no se encontraron indicios de que Cabify hubiera cometido dicha infracción. En el acuerdo de no incoación emitido por el consejo de la Sala de Competencia del organismo regulador, se establece que, al examinar la evolución de precios, ingresos y cuotas de mercado durante el periodo de 2018 a 2019, no se aprecian evidencias concluyentes de que Cabify se beneficiara de un posible incumplimiento de la normativa correspondiente a la precontratación en Cataluña. El aumento de su ratio ingresos/km en 2019 frente a 2018 puede explicarse por factores como su sistema de precios flexibles , así como un incremento general de la demanda y una progresiva convergencia de precios entre los distintos operadores. En el análisis respecto a la Comunidad Valenciana, se señala que, aunque los precios por kilómetro de Cabify fueron superiores a los del taxi, se mantuvieron por debajo de los de Uber, y las cuotas de mercado de Cabify no alcanzaron las de este último operador antes de su salida, que fue motivada por la implementación de la regla de los 15 minutos en la región. Además, se destaca que los ingresos del sector del taxi aumentaron notablemente en 2019, lo que sugiere que el supuesto incumplimiento por parte de Cabify no tuvo un impacto negativo en la industria…
El sindicato IG Metall, el más grande de Alemania, ha levantado serias acusaciones contra la dirección de la planta de Tesla en Grünheide, situada cerca de Berlín. Según un portavoz del sindicato, la empresa ha estado intimidando a sus empleados al cuestionar las bajas por enfermedad de manera retroactiva. Además, se les exige que revelen detalles sobre sus diagnósticos médicos y liberen a sus médicos del deber de confidencialidad. Por si esto fuera poco, se ha informado que algunos directivos de la planta han llegado a acercarse a los domicilios de los empleados para ejercer presión. Frente a estas acusaciones, Tesla ha emitido un comunicado en el que sostiene que la «gran cantidad» de incidentes señalados por IG Metall se reduce a aproximadamente una docena al mes, en el contexto de una plantilla de 11.000 empleados. La empresa argumenta que describir esta situación como una acción masiva es una «distorsión deliberada de la realidad», según información proporcionada por la agencia de noticias DPA. Las denuncias incluyen la retención de salarios de aquellos que se dieron de baja por enfermedad Además, IG Metall ha sostenido en reiteradas ocasiones que Tesla retiene los salarios de los trabajadores que se declaran enfermos. Algunos empleados afirmaron haber recibido una parte extra de su salario durante sus bajas. Tesla, en respuesta, ha señalado que existen casos donde el Tribunal Federal de Trabajo ha considerado que una enfermedad puede ser utilizada como pretexto, sobre todo en situaciones en las que se toma una baja justo en el periodo en el que fue rechazada una solicitud de vacaciones previa. Por último, cabe recordar que el fundador de Tesla, Elon Musk, ha expresado en ocasiones anteriores su preocupación por el elevado índice de bajas por enfermedad en la planta de Grünheide.
De las 700.000 denuncias por hurno en los comercios al año, solo un 1% acaba con una sanción efectiva Solo un 1% de las 700.000 denuncias por hurto anuales en comercios acaban con una sanción efectiva, según los datos del último estudio realizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE, que cifra en 120 millones de euros al año lo que deja el Estado de ingresar solo por no cobrar estas sanciones. En concreto, la seguridad en el comercio, la lucha contra la delincuencia y más concretamente contra el hurto multirreincidente y profesional se han convertido en objetivos prioritarios de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE. Por ello, la comisión ya publicó en 2019 un análisis sobre esta realidad en el que se ponía de manifiesto que el coste para el sector a causa de los hurtos en establecimientos superaba los 1.800 millones de euros al año, y suponía una reducción de ingresos para las administraciones públicas de otros 300 millones anuales. El organismo ha señalado la necesidad de agilizar los procesos judiciales, entre otras cosas, a través de la digitalización de la Justicia, con bases de datos unificadas y actualizadas y la posibilidad de tramitar notificaciones y sentencias por vía telemática o digital, así como a través de procedimientos más rápidos en las citaciones y sentencias y más firmeza en el caso de estas últimas. De esta forma, están trabajando con el Ministerio de Justicia y con los distintos partidos políticos para tratar de propiciar los necesarios cambios legislativos en el corto plazo.