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La CNMC multa a un cártel de empresas con 61 millones por "alterar" licitaciones de Fomento

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr. Según informa Europa Press, motivo de dicha multa reside en una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018. Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones. Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar. La CNMC ha podido acreditar…
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy que el Gobierno aprobará próximamente un decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda. El Gobierno quiere modificar con este apaño jurídico la duración de los contratos de alquiler, que pasarán a prorrogarse de forma automática de tres a cinco años. Se trata de un nuevo "decretazo" del Gobierno de Pedro Sánchez, sin apenas apoyos en la cámara baja, y que se ve obligado así a gobernar, esperando la validación del Congreso de los Diputados, con el apoyo de sus socios los nacionalistas, separatistas y la extrema izquierda. Malas noticias para los propietarios Si usted es propietario de una vivienda prepárese: el decretazo incluirá la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios. Además, el arrendador (sólo cuando sea una persona jurídica) deberá asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Con estas medidas, Fomento espera revertir parte de los cambios aplicados por el anterior Ejecutivo del PP a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), además de cumplir algunas de las medidas acordadas con sus socios de extrema izquierda (Unidos Podemos) en el marco del acuerdo presupuestario.