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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha afirmado que el Gobierno de España está trabajando para cambiar el paradigma de la vivienda mediante el desarrollo de un parque público protegido a precios asequibles. Lucas ha participado en un foro organizado por Uría Menéndez, compartiendo escenario con Fernando Azofra, socio del área de inmobiliario y urbanismo, y Felipe Iglesias, consultor de urbanismo del bufete. Durante su intervención, Lucas ha detallado los instrumentos económicos y normativos que el Gobierno está implementando para incrementar la oferta de vivienda protegida. La aprobación de la primera Ley de Vivienda estatal de la democracia se ha convertido en un pilar fundamental, seguida de su correspondiente despliegue reglamentario. El secretario de Estado ha puesto en valor los fondos del Plan de Recuperación para el incremento de la oferta de vivienda asequible y ha señalado que esto continuará con el próximo Plan Estatal de Vivienda. Este plan, según Lucas, triplicará la inversión pública, asegurando que las viviendas construidas no puedan ser descalificadas en el futuro. Lucas también ha explicado que el Gobierno ha introducido diversos mecanismos para fortalecer el sector de la construcción. Uno de los puntos destacados es el PERTE de la industrialización de la construcción, junto con el Fondo Soberano España Crece, considerado esencial para avanzar en nuevos proyectos de vivienda a precios accesibles.
El Gobierno ha asumido medidas poco convencionales ante la emergencia climatológica generada por la borrasca Leonardo. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó una iniciativa que limitará temporalmente, por una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura. Con esta medida, se busca prevenir un aumento inesperado de precios que pudiera afectarse por la alta demanda de alojamientos en estas áreas afectadas. Propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, la medida se aplicará desde este miércoles, 18 de febrero, hasta el día 25 del mismo mes. Esta limitación de precios es crucial para proteger a las familias que se han visto forzadas a abandonar sus hogares y a la vez permite un regreso seguro del turismo en estas zonas. Localidades como Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique, Vejer de la Frontera, y otros municipios de Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Badajoz, serán los beneficiados. El Consejo de Ministros ha declarado una situación de emergencia para establecer una limitación de precios Este ajuste se realiza en virtud del Real Decreto-ley recientemente aprobado, que habilita al Gobierno a actuar en situaciones de emergencia limitando temporalmente los precios. Los requisitos para implementar esta medida incluyen que los municipios afectados tengan más de 10 personas desalojadas, representando al menos el 0,1% de la población. Esta normativa exige que los establecimientos no pueden aumentar los precios más allá de los existentes el mes anterior a la emergencia, además de garantizar la información clara y transparente sobre esta limitación. En caso de incumplir esta normativa, los consumidores tendrán derecho a reembolso. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aplaudido públicamente la colaboración de aquellos establecimientos que han ayudado de manera eficaz a realojar a los afectados, trabajando estrechamente con las administraciones. Este reconocimiento subraya la importancia de la cooperación en tiempos difíciles,…
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó su incredulidad ante las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia la organización empresarial, por su falta de apoyo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Garamendi, en una entrevista con la cadena Cope, destacó que estas críticas buscan un «enemigo» para desviar la atención de problemas más profundos. El líder empresarial subrayó que, a pesar de las críticas del Gobierno, existen más de dos millones de pequeños empresarios en España, más allá de las 35 grandes empresas del Ibex. Según Garamendi, el mensaje del Gobierno parece ir «justamente contra la gente que crea riqueza». Además, resaltó que no es viable subir salarios cuando el Gobierno incrementa constantemente los impuestos, los cuales repercuten en los seguros sociales. Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores Garamendi también mencionó el «gran drama» de la falta de trabajadores, con 1.700.000 personas ausentes diariamente, un problema que, según él, el Gobierno ignora. El presidente de la CEOE dejó claro que, en su opinión, el Gobierno no está enfocándose en los temas realmente importantes. Señaló la necesidad de discutir la productividad y la competitividad de las empresas, en lugar de aumentar la presión fiscal que, según él, dificulta el crecimiento empresarial. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar A pesar de las tensiones actuales, Garamendi reafirmó que las empresas continúan siendo la solución para generar riqueza en el país y criticó ser el «muñeco de goma o de trapo» contra el cual el Gobierno dirige sus reproches. La expectativa ahora es si estas declaraciones provocarán una respuesta por parte del Gobierno o algún tipo de cambio en las políticas actuales.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha anunciado que el Gobierno de España está desarrollando un real decreto ley con el objetivo de paliar los daños ocasionados por las recientes borrascas en las infraestructuras rurales. Durante su visita a Jerez de los Caballeros, García Bernal destacó la importancia de reparar los caminos públicos que facilitan el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Iniciativas gubernamentales en las regiones afectadas El pasado fin de semana, García Bernal, junto con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recorrió varias localidades en las provincias de Cáceres y Badajoz, entre ellas Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota. En declaraciones a los medios, la secretaria de Estado subrayó que el trabajo del Ejecutivo es «estar en el territorio», destacando la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Andalucía. Probablemente, en dos semanas tendremos un real decreto ley a nivel interministerial para ayudar junto con las administraciones autonómicas y locales, tanto en Andalucía como en Extremadura García Bernal recordó que será Tragsa quien llevará a cabo las obras de reparación en las infraestructuras rurales, bajo la dirección de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). Por su parte, José Luis Quintana señaló que, una vez publicado el real decreto, será la delegación del Gobierno quien gestione los trámites posteriores. A pesar de no conocer aún los detalles específicos del decreto, Quintana destacó la disposición del Gobierno para colaborar con los ayuntamientos en la tramitación una vez anunciado. Además, se espera que este lunes, 16 de febrero, García Bernal y Quintana se reúnan con comunidades de regantes en Don Benito para abordar los daños causados por el temporal. La coordinación entre las distintas administraciones parece ser clave para la rápida implementación de las medidas…
El Tribunal Supremo ha determinado nuevamente que el cálculo realizado por el Gobierno para el rescate de algunas autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008 es incorrecto. Precisamente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 28 de enero de 2026, ha anulado la última resolución del Ejecutivo en relación con las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid. Este fallo establece que el Gobierno debe recalcular el pago a las concesionarias, estimado previamente en 570 millones de euros. La sentencia es una respuesta al segundo cálculo del Gobierno, que ya había incrementado en 451 millones de euros la cifra inicialmente establecida después de que sentencias previas del Supremo anularan la fórmula inicial por incumplir la normativa vigente. Aunque en esta ocasión, el órgano judicial no se centra únicamente en la cifra monetaria, sino que urge al Gobierno a emitir una resolución definitiva. El objetivo principal es que se pague todo lo que se debe a la concesionaria y se eviten más retrasos en las resoluciones definitivas Para poner en contexto, en 2019 el Gobierno aprobó un plan para gestionar el proceso de indemnización a todas las concesionarias afectadas, dado que el Estado asumió el control de sus infraestructuras y debía compensar las inversiones realizadas por dichas empresas. Este plan especificaba la presentación de una resolución inicial, una complementaria y una definitiva, con un plazo de seis meses entre cada una. Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas involucradas ha requerido un desembolso por parte del Estado de 1.684 millones de euros. No obstante, este es un costo provisional, ya que la mayoría de las autopistas aún están en la fase de la segunda resolución. A modo de ejemplo, por la R-4 se han pagado 134 millones, mientras que la R-2 todavía presenta un…
El Gobierno español está considerando utilizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como mecanismo para penalizar a aquellos propietarios que aumenten los precios de los alquileres al finalizar un contrato, según fuentes del Gobierno confirmadas por Europa Press. De acuerdo con el diario ‘El País’, esta penalización no se aplicaría a incrementos anuales, generalmente ligados al Índice de Precios al Consumo (IPC), permitidos por la ley. El Ministerio de Hacienda ha señalado que la medida está siendo discutida con los grupos parlamentarios, especialmente después de recibir críticas de los socios del Gobierno sobre la propuesta de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF para caseros que mantengan la renta al renovar los contratos de alquiler. Otras intenciones del Ejecutivo incluyen establecer restricciones en los contratos de temporada y limitar el uso del alquiler por habitaciones. La regulación busca que los contratos de temporada cumplan ciertas condiciones para ser válidos, con un régimen sancionador para quienes infrinjan la normativa. En cuanto al alquiler por habitaciones, se prevé extender las garantías de los alquileres habituales, asegurando que el total de la renta no supere el precio de alquiler de la vivienda completa y aplicando controles en zonas tensionadas. Actualmente, Hacienda ofrece reducciones generales en el IRPF para quienes arriendan sus viviendas habituales. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, se pueden obtener reducciones del 60% si el contrato se firmó antes del 26 de mayo de 2023, declarando solo el 40% del rendimiento neto de alquiler. Contratos firmados después pueden beneficiarse de reducciones del 50%, que podrían aumentar al 60% o 70% bajo ciertos criterios como la rehabilitación del inmueble o su inclusión en un programa de alquiler a precio de mercado. Con el nuevo enfoque del Gobierno, las reducciones del 50% podrían disminuir e…
El Gobierno de coalición ha manifestado su oposición en el Congreso en relación a la propuesta de Podemos que buscaba que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquiriera hasta un 51% del accionariado de Repsol. Esta iniciativa proponía inicialmente una adquisición del 25% de las acciones, lo cual convertiría al Estado en el principal accionista, con la opción de ampliar la participación al 51% antes del 29 de octubre de 2026. La principal objeción del Ejecutivo radica en el coste económico que supondría la operación, estimado en 8.960,7 millones de euros. Según los datos aportados, la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 era de 17.570 millones de euros, lo que implicaría un desembolso de 4.392,5 millones para el 25% inicial, y otros 4.568,2 millones para el 26% restante. El escrito de disconformidad del Gobierno, recogido por Europa Press, argumenta que esta inversión afectaría la aplicación presupuestaria correspondiente a la aportación patrimonial a la SEPI. Dado que la proposición implicaría un gasto significativo en las arcas públicas, el Ejecutivo ha decidido no respaldar esta ley, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que le concede la facultad de vetar propuestas que aumenten los costes públicos. Por su parte, Podemos justificaba su proposición como una vía para recuperar el control sobre el sector energético y planteaba financiar esta adquisición con fondos destinados por el Gobierno a incrementar el gasto en defensa. Sin embargo, las implicaciones financieras y la caída de los ingresos han motivado la decisión del Gobierno de bloquear esta tramitación parlamentaria. El Gobierno tiene la potestad recogida en la Constitución para expresar su disconformidad, y por ende vetar, propuestas legislativas que supongan una caída de los ingresos públicos o un aumento de los costes La contundente respuesta del Ejecutivo…
El Consejo de Ministros ha implementado un nuevo real decreto-ley que otorga al Gobierno la capacidad de fijar un tope en los precios de servicios y productos durante situaciones de emergencia. Esta medida, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, busca modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo es limitar precios excesivos que puedan surgir en contextos críticos, abordando así las preocupaciones recientes de asociaciones de consumidores respecto a eventos como la dana de Valencia o el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Cómo funcionará el control de precios La nueva normativa establece que el Gobierno podrá intervenir fijando un precio máximo basado en el valor más alto registrado en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Además, si este precio máximo supera el 50% del precio promedio del mismo periodo, el límite se basará en ese precio promedio incrementado en un 50%. Este enfoque dual está diseñado para garantizar tanto la justicia para los consumidores como la viabilidad económica de los distribuidores. Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía Este tipo de regulación no solo se aplicará en declaratorias de emergencia de protección civil. El Consejo de Ministros será el único organismo autorizado para determinar otras situaciones aptas para la implementación de estas medidas, como accidentes o emergencias técnicas. A su vez, los comercializadores deberán notificar a los consumidores sobre los precios medios y máximos de las últimas semanas, asegurando la transparencia. Flexibilidad y derechos del consumidor La normativa prevé flexibilidad para permitir incrementos de precios solo si están objetivamente justificados, como en el caso de aumento de costos operativos. En situaciones específicas…
El Consejo de Ministros ha implementado un nuevo real decreto-ley que otorga al Gobierno la capacidad de fijar un tope en los precios de servicios y productos durante situaciones de emergencia. Esta medida, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, busca modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo es limitar precios excesivos que puedan surgir en contextos críticos, abordando así las preocupaciones recientes de asociaciones de consumidores respecto a eventos como la dana de Valencia o el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Cómo funcionará el control de precios La nueva normativa establece que el Gobierno podrá intervenir fijando un precio máximo basado en el valor más alto registrado en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Además, si este precio máximo supera el 50% del precio promedio del mismo periodo, el límite se basará en ese precio promedio incrementado en un 50%. Este enfoque dual está diseñado para garantizar tanto la justicia para los consumidores como la viabilidad económica de los distribuidores. Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía Este tipo de regulación no solo se aplicará en declaratorias de emergencia de protección civil. El Consejo de Ministros será el único organismo autorizado para determinar otras situaciones aptas para la implementación de estas medidas, como accidentes o emergencias técnicas. A su vez, los comercializadores deberán notificar a los consumidores sobre los precios medios y máximos de las últimas semanas, asegurando la transparencia. Flexibilidad y derechos del consumidor La normativa prevé flexibilidad para permitir incrementos de precios solo si están objetivamente justificados, como en el caso de aumento de costos operativos. En situaciones específicas…
El Partido Popular (PP) ha decidido intensificar su presión sobre el Gobierno al registrar una serie de preguntas parlamentarias en el Congreso. El objetivo del partido es que el Ejecutivo ofrezca detalles precisos, provincia por provincia, sobre las limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria española. Esta ofensiva está liderada por los diputados Héctor Palencia y José Vicente Marí Bosó, quienes han manifestado su preocupación por la «cronificación del caos ferroviario». El PP denuncia una serie de problemas que afectan a los usuarios del ferrocarril, tales como retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias y descarrilamientos. Según la formación política, estos problemas se han intensificado tras los recientes accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Además, el PP recuerda que la Ley de Movilidad Sostenible incluye una disposición que establece obligaciones y plazos claros para abordar las incidencias y retrasos que han tenido lugar en los últimos años. En su escrito, el PP señala que se han producido avisos desoídos, cambios de velocidad contradictorios o inexactitudes en los datos, y critican al Gobierno por generar una situación de «conmoción social» a lo largo de las provincias españolas. El Grupo Popular ha solicitado información detallada al Gobierno, preguntando cuántas limitaciones de velocidad existen en la red ferroviaria y, en caso de que las haya, cuál es su ubicación exacta. Esto incluye detalles como la línea, tramo, punto kilométrico, vía y sentido, así como la velocidad restringida y la velocidad nominal previa. El PP también busca conocer la causa de cada limitación y si derivan de incidencias en la infraestructura El partido quiere saber el diagnóstico técnico que las justifica y si, en los últimos dos años, ha habido solicitudes por parte de sindicatos de maquinistas, ferroviarios o trabajadores para reducir la velocidad en ciertos tramos.