Hacienda

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha convocado una concentración para este miércoles frente a la sede del Ministerio. La protesta, que reunirá a más de 1.500 técnicos, tiene como objetivo solicitar a la vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero, que facilite la progresión profesional y la movilidad en la Agencia Tributaria y en el resto del Ministerio. La movilización comenzará a las 12.30 horas en Cibeles y avanzará hacia el Ministerio de Hacienda, donde se ofrecerá una atención a medios a las 13.30 horas. Se prevé un acto multitudinario en el que participarán varias generaciones de técnicos, desde los recién incorporados en las aduanas de Irún, Santurce (Puerto de Santurtzi), Sondika (Aeropuerto de Bilbao) y La Farga de Moles, hasta los más veteranos que están próximos a la jubilación a principios de diciembre. Todos acudirán al evento, con excepción de aquellos designados a servicios mínimos. Gestha ha señalado que los técnicos enfrentan una situación insostenible que impacta negativamente en el servicio público. En este sentido, el sindicato reclama a la Ministra de Hacienda desbloquear la carrera profesional y la movilidad dentro del Ministerio, y resolver la «deuda histórica» que existe con estos profesionales. Gestha demanda una reorganización estructural que posibilite una mayor eficiencia en la lucha contra el fraude y el control del gasto público . La concentración de este miércoles marca un hito en las reivindicaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Las expectativas de cambios han generado un ambiente de expectación respecto a las respuestas del gobierno y el impacto que estas movilizaciones puedan tener en el futuro de la estructura organizativa del Ministerio.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha anunciado una jornada de huelga y una concentración en Madrid para el miércoles 26 de noviembre. El objetivo de esta movilización es reclamar un nuevo acuerdo de Carrera profesional conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Según Gestha, la implementación de este acuerdo es crucial para evitar la pérdida de recursos y fortalecer la capacidad de la Administración en la lucha contra el fraude y el control del gasto público. La movilización surge como resultado del bloqueo que afecta a la carrera profesional dentro de la Administración. Gestha denuncia la falta de movilidad, el escaso reconocimiento a sus funciones y la complejidad de sus responsabilidades. Esta situación, según el colectivo, debilita significativamente la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público. Un dato alarmante que expone Gestha es que desde 2011, las denuncias por delitos fiscales han caído un 82%, lo cual consideran una muestra clara del débil control a los grandes evasores. Mientras tanto, se intensifican los controles sobre particulares, autónomos y pymes. Otro tema crucial que impulsa esta protesta es la necesaria movilidad geográfica y funcional que los técnicos de Hacienda consideran imprescindible. Gestha ha señalado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aplica un criterio inverso al ideal al ofrecer destinos. Unos 1.200 técnicos querrían trasladarse a lugares con vínculos familiares y afectivos, pero se enfrentan a restricciones debido a políticas de asignación de plazas que priorizan a quienes ingresan por promoción interna. La falta de movilidad está provocando plantillas desmotivadas y vacantes sin cubrir en territorios con alta economía sumergida Además, Gestha exige que se aborde lo que catalogan como la deuda histórica con los Técnicos, proponiendo una reorganización que permita crear estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha emitido una advertencia crucial: las comunidades autónomas podrían perder capacidad de gasto por un total de 5.485 millones de euros si el Congreso de los Diputados rechaza dos veces la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo. Esta situación cobra relevancia de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda, se planteó a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028. Este enfoque permitiría a las regiones un margen fiscal que sumaría los mencionados 5.485 millones. Sin embargo, la ministra Montero ha señalado que, de no aprobarse esta senda, se deberá recurrir al Congreso de nuevo. En caso de rechazarse nuevamente, prevalecerán los objetivos delineados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea, que establece un déficit del 0%. Si no hay senda de estabilidad nueva aprobada por el Congreso, estaríamos al equilibrio presupuestario que se preveía en la ley y que se prevé en el plan estructural fiscal Esto implicaría un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros para 2026, lo que se traduce en la pérdida de 5.485 millones de capacidad de gasto para las comunidades autónomas durante todo el periodo, alterando significativamente sus presupuestos. Entregas a cuenta de un año récord Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año un récord de 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un 7% más que en 2025. Este incremento es posible gracias a la buena dinámica económica, superando la previsión previa de 156.990 millones comunicada en julio. Si se suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades alcanza…
El bufete de abogados Amsterdam & Partners, con sede en Reino Unido, ha elevado una seria preocupación en una carta dirigida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La misiva denuncia el uso que hace la Hacienda Pública española de servidores de Huawei, una empresa china, lo que podría representar un riesgo significativo para la seguridad de los datos fiscales de los contribuyentes estadounidenses. Estos datos son compartidos con la Agencia Tributaria española gracias a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. En su nueva publicación titulada ‘Hacienda contra el Pueblo’, Amsterdam & Partners señala que la Administración española recurre a técnicas de «cebo y engaño». Esto lo vinculan al uso del Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados, un marco normativo popularmente conocido como ‘Ley Beckham’. Creado en 2005, este régimen busca atraer talento internacional altamente cualificado con beneficios fiscales, y debe su nombre al exfutbolista del Real Madrid, David Beckham, uno de los beneficiados. El bufete sostiene que «no se puede confiar» al Gobierno español la gestión de información sensible de ciudadanos estadounidenses debido al supuesto uso partidista de los datos durante las inspecciones fiscales. También critican la falta de «garantías procesales suficientes» en el sistema español. Durante una rueda de prensa en Nueva York, un ponente indicó que la Casa Blanca ya está al tanto de la situación y está valorando posibles medidas, como «algún tipo de reparación comercial». Sin embargo, se desconoce si el presidente Donald Trump ha sido informado de esta comunicación. La posible respuesta legal de Amsterdam & Partners Este no es el primer enfrentamiento de Amsterdam & Partners con la Hacienda española. El pasado mes de mayo, el bufete anunció que estaba preparando acciones legales contra la Hacienda española en diversas jurisdicciones, incluidas España, el Tribunal de Justicia de la Unión…
El Ministerio de Hacienda se encuentra en pleno análisis de una propuesta crucial: lograr que los ingresos de los principales impuestos, como el IRPF y el IVA, lleguen simultáneamente al Estado y a las comunidades autónomas. Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, detalló esta iniciativa durante el XXXV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en Salamanca, evento al que asistieron más de 650 inspectores. Gascón resaltó la complejidad técnica de esta propuesta, que implicaría importantes cambios en la normativa reguladora del sistema de financiación autonómica, especialmente en lo que respecta a las entregas a cuenta. Actualmente, la Administración General del Estado percibe directamente los ingresos de los impuestos compartidos y, después, transfiere una cantidad predefinida a las comunidades autónomas, que se revisa dos años más tarde. Según Gascón, este sistema es objeto de fuertes críticas por parte de las comunidades autónomas. La propuesta de mejora busca establecer una recaudación simultánea, lo que podría permitir un flujo más uniforme y predecible de fondos. “Ellos reciben un monto preestablecido fijo. Y luego, dos años después, se liquida el sistema y si la recaudación ha ido bien, pues ese aumento de la recaudación lo perciben dos años después” El secretario de Estado puso de ejemplo el impuesto de matriculación. Aunque las comunidades autónomas pueden reclamar su gestión, ninguna ha solicitado el traspaso. El argumento es que un sistema de información único y eficiente, alimentado por datos de la Dirección General de Tráfico, es más beneficioso. Este enfoque podría extenderse también a otros impuestos, tanto los gestionados exclusivamente por la Agencia Tributaria como aquellos bajo la administración autonómica. Respecto a las comprobaciones autonómicas del IRPF, Gascón defendió una mayor colaboración entre las administraciones estatales y autonómicas, lo que implicaría compartir sistemas de información y procedimientos. Aunque algunas competencias se…
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha anunciado la «inminente» convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este paso se considera esencial para debatir con las comunidades autónomas acerca de los objetivos de estabilidad financiera de las Administraciones Públicas, de cara a la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Gascón compartió esta información durante el XXXV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que reunió a más de 650 inspectores en Salamanca. Gascón ha destacado que «se ponga en marcha la rueda» para la tramitación de las nuevas cuentas públicas con la convocatoria del CPFF es un proceso que tendrá lugar de forma «inminente». Este avance da inicio a un ciclo que incluye la aprobación del techo de gasto por parte del Consejo de Ministros, la discusión parlamentaria sobre los objetivos de reducción de déficit y deuda, y finalmente la presentación del proyecto de ley de Presupuestos. Aunque no pudo precisar fechas exactas, afirmó que «esto va a ser inminente». Siempre en las leyes de presupuestos hay una parte fija de contenido tributario que, evidentemente, el proyecto de ley de presupuestos para el año 26 también contendrá Por otro lado, Gascón ha informado que este año las previsiones de ingresos se cumplirán «con creces». Este positivo comportamiento de los ingresos tributarios se traduce en un apoyo sustancial al gasto público y en una mejora de los indicadores macroeconómicos, incluidos los ratios de déficit y deuda pública respecto al PIB. Según el secretario de Estado, es «clave» que la recaudación crezca a doble dígito y que el cumplimiento voluntario en España se continúe consolidando. En el ámbito internacional, Gascón ha señalado la dificultad de conseguir acuerdos unánimes en Europa sobre la tributación, especialmente en lo referente a productos energéticos. No…
El ‘Movimiento Contribuyentes en Acción’ ha irrumpido en el escenario público este lunes con el propósito de señalar los presuntos «abusos» en la interacción con la Agencia Tributaria y demandar un sistema fiscal «justo, transparente y sometido al Estado de derecho». Este grupo se presenta como una entidad sin vínculos partidistas ni ideológicos, enfocada en defender los derechos democráticos y la dignidad de los contribuyentes. Durante la rueda de prensa, Ignacio Bosco, presidente de la asociación, advirtió que el sistema fiscal en España es «uno de los más complejos y opacos» de Europa. Bosco criticó la situación actual afirmando que el contribuyente medio se siente solo, indefenso, desinformado, ante una Administración que dispone de todos los recursos y del poder. Asimismo, señaló que «Hacienda» evoca más miedo que confianza o cualquier otro sentimiento en la ciudadanía. «Sin justicia fiscal no hay confianza, y sin confianza no hay progreso» Este fue uno de los puntos destacados por Bosco, quien reafirmó la importancia de contribuir al Estado del Bienestar y al sostenimiento de los servicios públicos, a pesar de la denuncia de falta de «equilibrio, transparencia y humanidad». El ‘Movimiento Contribuyentes en Acción’ se ha fijado como meta asegurar que ningún ciudadano sufra indefensión frente a Hacienda, promover la transparencia en las normas y procedimientos, y exigir reformas legislativas. Bosco ha explicado su motivación personal, no como asesor fiscal, sino como un miembro de la sociedad civil con experiencia en el mercado de la pyme en España. Detalló que los recursos iniciales de la asociación son propios y que buscarán financiamiento adicional a través de campañas de crowdfunding. «No somos un lobby, no somos una élite, somos ciudadanos comunes y corrientes, somos contribuyentes» Finalmente, el presidente Ignacio Bosco hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se unan al movimiento, buscando «cambiar…
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, y su ausencia en el Congreso ha llevado a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma un papel protagónico en la sesión de control. Montero deberá responder hasta cinco preguntas formuladas por los grupos de oposición en el Congreso. Entre los temas que se abordarán se encuentran la presunta corrupción que afecta al PSOE, la inmigración, la inseguridad, el acceso a la vivienda y la ofensiva militar de Israel en Gaza. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha lanzado una pregunta abierta a la vicepresidenta: «¿Cuánto tiempo vamos a seguir así, vicepresidenta?». Esta pregunta podría abrir el debate a una multitud de temas. Juan Bravo, también del PP, pretende que Montero explique si «va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal». En un tono más directo, Elías Bendodo se dirigirá una vez más a Montero sobre su gestión en Hacienda, reclamando si va «asumir responsabilidades». Por su parte, José María Figaredo de Vox, cuestionará a la ministra sobre el «terrible» esfuerzo fiscal de los españoles. Desde Esquerra Republicana (ERC), Josep María Crusset buscará respuestas sobre las repercusiones de las políticas gubernamentales, mientras que Ione Belarra de Podemos interpelará sobre el impacto económico de las relaciones con Israel. Esta última cuestión derivará en una votación en dos semanas. Además, el diputado del PP Javier Merino solicitará a Pilar Alegría, ministra de Deportes y portavoz del Gobierno, que aclare si está en duda la participación de España en futuras competencias deportivas internacionales debido a la situación en Israel. ¿Es la seguridad una prioridad para su Gobierno? En la recta final de la sesión, Miguel Tellado del PP preguntará al ministro de la Presidencia,…
El Ministerio de Hacienda ha observado hasta el mes de julio una disminución de ingresos fiscales de 148 millones de euros, atribuida principalmente al incremento de las deducciones por donativos y a los cambios efectuados por las comunidades autónomas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que han supuesto una reducción de 107 millones de euros. Según el último informe de la Agencia Tributaria, las modificaciones en las tarifas y mínimos del IRPF han tenido un impacto financiero negativo de 165 millones, parcialmente mitigado por la desaparición de algunas deducciones temporales cuantiosas. El Real Decreto-ley 6/2023 elevó la cuantía del primer tramo de la base de deducción por donativos, incrementando un 20% la media de estas deducciones. Esta normativa también aumentó el porcentaje de deducción aplicable de manera general y redujo el número de ejercicios para aplicar el porcentaje incrementado. A pesar de estas reducciones, los ingresos del Estado por el IRPF han mostrado un notable crecimiento del 12,4% durante los siete primeros meses del año, alcanzando los 38.688 millones de euros. Este aumento ha sido impulsado, en parte, por los resultados obtenidos en la Campaña de la Renta 2024 y el ingreso del primer plazo de las declaraciones positivas, que presenta un incremento del 25,4% con respecto al año anterior. En términos generales, los ingresos fiscales del Estado ascendieron a 137.547 millones de euros hasta julio, lo que representa un aumento de un 9,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe a mayores ingresos en las principales figuras tributarias. El IVA, por ejemplo, presentó un crecimiento interanual del 10,2%, alcanzando los 61.308 millones de euros, mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad registró un incremento de 460 millones de euros debido a la recuperación del…
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al año 2026. Este paso marca el inicio formal del proceso de diseño de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. La publicación de esta orden sigue el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró que la orden sería divulgada tras el Consejo de Ministros. La orden establece que los distintos ministerios deben enviar sus propuestas de gasto y del articulado del anteproyecto a más tardar el 12 de septiembre a la Dirección General de Presupuestos. Sin embargo, Montero indicó que ya se han realizado contactos informales con diferentes ministerios para discutir necesidades y potenciales proyectos financiables con las nuevas cuentas públicas. Las prioridades de los Presupuestos apuntan a un mejor desarrollo económico, la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los servicios públicos, con un enfoque particular en los jóvenes y el acceso a la vivienda. Montero declaró que los Presupuestos se presentarán «con o sin apoyos», destacando la importancia de continuar con las políticas gubernamentales aunque se deban prorrogar las cuentas existentes. El Gobierno sostiene que su crecimiento económico sostenido e inclusivo se debe, en parte, a las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, cuyo final está previsto para agosto de 2026. Dentro de este contexto, se pretende que el PGE 2026 siga impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo, promoviendo la modernización y competitividad de la economía. Se continuará fomentando la creación de empleo de calidad y la extensión del Estado de Bienestar, asegurando los servicios públicos esenciales sin importar la administración responsable de su gestión. Además, los PGE reforzarán las políticas de vivienda asequible e incrementarán su compromiso con la sostenibilidad medioambiental a fin…