Información económica

Compra de mascarillas y otros suministros; concesiones de televisión pública; gestión de piscinas; compras de pistolas táser y hasta tres camellos para la cabalgata de Reyes son algunos de los contratos adjudicados  Tan solo cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados "de emergencia" El 13 de marzo de 2020, un día antes del decreto del estado de alarma, el BOE publica que la Administración General del Estado (AGE) puede usar la contratación de emergencia para "atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la Covid-19". Dos semanas más tarde, se amplía la posibilidad a todas las administraciones públicas y, además, se abre la veda al pago por adelantado, ni siquiera es necesaria la firma. En este contexto debemos preguntarnos qué es emergencia y qué no lo es. Si bien las necesidades sociosanitarias precisaron la toma de decisiones extraordinarias como esta, la actuación de las entidades públicas, en ocasiones, dista mucho de la buena praxis. Una investigación periodística realizada por Civio analiza los gastos de las administraciones públicas durante todo 2020 y destaca la arbitrariedad de algunos de estos contratos. Pero no es lo único que señala la compañía, también los plazos en la publicación está en tela de juicio. De los 15 días ordinarios a una media de 43 días, sin tener en cuenta, siquiera, los que todavía no han sido publicados. La mayor parte del presupuesto, 5.398 de los 6.445 millones de euros destinados a contratos de emergencia, sí se destinaron a la compra de suministros. Mascarillas, vestimenta de protección (casi 3.000 millones), test (594 millones)... Sin embargo, el gasto público se destinó también a otras cuestiones. Escenario de emergencia, gestión en evidencia Las administraciones públicas españolas adjudicaron a dedo, sin…