jose luis abalos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado que el Ejecutivo observa con "tranquilidad" el inicio del juicio por el caso de las mascarillas que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En este contexto, Saiz expresó su "empatía" con la ciudadanía y comprendió su "indignación", señalando que se trata de una "semana especialmente dura" debido al comienzo también del juicio del caso Kitchen, que afecta a antiguos dirigentes del Partido Popular (PP). Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz destacó que la corrupción provoca "desafección" y perjudica al conjunto de la ciudadanía. Al ser preguntada sobre el caso que involucra a Ábalos y su exasesor Koldo García, también se refirió al juicio por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en el que están implicados el exministro Jorge Fernández Díaz y la cúpula del Ministerio del Interior en la época de Mariano Rajoy. Saiz insistió en la "empatía" del Gobierno con la "preocupación" y el "enfado" de la población. El Gobierno es "el primer interesado en que se sepa toda la verdad y se diriman todas las responsabilidades". En las declaraciones del martes también se mencionaron los testimonios escritos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes negaron haber ordenado la contratación de material sanitario con la empresa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre posibles responsabilidades políticas en el Gobierno de Pedro Sánchez si Ábalos fuera condenado, Saiz afirmó que el PSOE ya apartó a los presuntos implicados y no tolera la corrupción. Mencionó que las "relaciones personales se basan en la confianza", y cuando esta se rompe, "hay que actuar", referenciando la expulsión de Ábalos del PSOE tras la detención de García. Saiz aclaró que el PSOE ha actuado con "contundencia"…
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras desvelarse los mensajes de apoyo que algunos miembros del Gobierno enviaron al exministro José Luis Ábalos a través de WhatsApp, mientras este ya enfrentaba acusaciones de corrupción. Fúnez ha subrayado que estos mensajes manifiestan la mentira y la hipocresía del actual Gobierno. Este domingo, 'El Mundo' ha informado sobre los mensajes de respaldo que el presidente Pedro Sánchez, la exministra María Jesús Montero y el ministro Óscar Puente enviaron a Ábalos, incluso después de que su implicación en casos de corrupción se hiciera pública. Según Fúnez, estos hechos confirman un patrón de conducta cuestionable en el Ejecutivo. Un Gobierno que prometió acabar con la corrupción, se ve ahora cercado por ella, según Fúnez. El juicio contra José Luis Ábalos, quien fuera considerado uno de los hombres de confianza de Sánchez, comienza esta semana. El exministro está acusado de cinco delitos y enfrenta una petición de más de 24 años de prisión. Fúnez ha enfatizado que Ábalos ha pasado del Consejo de Ministros al banquillo. La dirigente del PP ha planteado incógnitas sobre la veracidad de las declaraciones gubernamentales respecto a Ábalos: "¿Cuándo mintió el Gobierno? ¿Cuando dice no conocer a José Luis Ábalos o cuando le manda mensajes transmitiéndole su apoyo?" Además, la vicesecretaria ha subrayado que la situación refleja un fallo no solo individual sino sistémico dentro del Gobierno. Esta semana se espera más información sobre el caso en el Senado, donde comparecerá el presidente de Forestalia junto a la esposa de Santos Cerdán, otro exfuncionario vinculado a Sánchez que también ha tenido problemas legales.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy que el Gobierno aprobará próximamente un decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda. El Gobierno quiere modificar con este apaño jurídico la duración de los contratos de alquiler, que pasarán a prorrogarse de forma automática de tres a cinco años. Se trata de un nuevo "decretazo" del Gobierno de Pedro Sánchez, sin apenas apoyos en la cámara baja, y que se ve obligado así a gobernar, esperando la validación del Congreso de los Diputados, con el apoyo de sus socios los nacionalistas, separatistas y la extrema izquierda. Malas noticias para los propietarios Si usted es propietario de una vivienda prepárese: el decretazo incluirá la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios. Además, el arrendador (sólo cuando sea una persona jurídica) deberá asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Con estas medidas, Fomento espera revertir parte de los cambios aplicados por el anterior Ejecutivo del PP a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), además de cumplir algunas de las medidas acordadas con sus socios de extrema izquierda (Unidos Podemos) en el marco del acuerdo presupuestario.
El Ministerio de Fomento ha transferido 21,5 millones de euros a la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) para la promoción de 5.000 viviendas sociales en Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia e Ibiza a un precio inferior de 400 euros cada una. A este respecto, destacó que, junto a las 1.500 viviendas sociales ya iniciadas en el marco del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio ya ha puesto en marcha cerca de un tercio de las 20.000 viviendas que quiere desarrollar en la legislatura. A este respecto, Ábalos defendió que una de sus prioridades es "dar dimensión de política de Estado a las políticas de vivienda", porque "no solo es un derecho constitucional, ya que se trata de un elemento crucial del que depende en gran medida el acceso garantizado al resto de derechos". Lamentó que "se ha perdido una década" en esta materia y que como consecuencia se ha descapitalizado el stock de vivienda social a precio asequible, que supone ahora apenas el 2,5% del parque, "uno de los más bajos de la Unión Europea". Por ello, según recordó, su departamento trabaja en la elaboración de la Ley Estatal de Vivienda, así como en otras medidas a corto plazo como la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incrementar los plazos de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler o cambios en la normativa judicial para que el Poder Judicial pueda detectar a las familias vulnerables antes de aprobar los desahucios.