organizaciones

España se enfrenta a un desafío significativo en el ámbito de la vivienda, donde se estima que se requerirá una inversión de 250.000 millones de euros para promover 1,8 millones de viviendas sociales y asequibles a lo largo de la próxima década. Esta cifra se desprende del informe titulado «La vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar. De la asignación a la transformación social», elaborado por el Grupo VISO y presentado recientemente en Madrid.El informe detalla los principales retos que actualmente enfrenta el sector de la vivienda en España y propone soluciones estructurales para abordar la escasez de oferta de vivienda protegida. También subraya las limitaciones de los agentes inmobiliarios, la falta de políticas integrales, y los elevados costos de construcción y mantenimiento. Para enfrentar estos retos, se ha delineado un plan de acción que contempla la diferenciación entre vivienda social y asequible, la implementación de un sistema eficiente de asignación y gestión, y el desarrollo de servicios integrados de acompañamiento social, laboral y formativo. Se proponen medidas como la adecuación del parque público de vivienda existente y la oferta pública de compra de viviendas Entre las estrategias sugeridas por el Grupo VISO se destacan la adecuación del parque público de vivienda existente, la cesión temporal de viviendas vacías y la reconversión de edificios en viviendas asequibles, junto con una gestión eficiente a través de entidades sin ánimo de lucro. El informe hace especial hincapié en la necesidad de un Pacto Nacional por la Vivienda, que una a todas las administraciones y actores del sector para asegurar la estabilidad y continuidad de las políticas de vivienda. Durante la presentación del informe, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, enfatizó que el problema habitacional «es complejo» y requiere de «consensos y soluciones viables». Lucas destacó el compromiso…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado, ante el inicio de la campaña de rebajas de enero de este año, que los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes antes de las rebajas y que su calidad no puede ser diferente. Es necesario recordar también que los consumidores "no compren más de lo necesario, aprovechar los buenos precios y no renunciar a ningún derecho". La OCU recomendó comprobar que los artículos mantienen su precio original junto al rebajado, o bien que se indica de forma clara el porcentaje del descuento. Expertos de la OCU, además, dijeron que aunque en algunos comercios se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas en relación a las devoluciones o la aceptación del pago con tarjeta, entre otras, esto está permitido, pero dichas condiciones "deben estar claramente indicadas y en un lugar visible para el consumidor". Por otra parte, aconsejó conservar el tique o factura simplificada de las compras, ya que, si este se extravía, “con él pierde también el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compra”. “En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos que se tienen como consumidor”, puntualizó la organización, que remarcó que el servicio postventa y la aplicación de la garantía “son iguales durante las rebajas o fuera de ese periodo” y que, “ante cualquier problema durante las rebajas, se debe actuar igual que en cualquier otro momento”. Si no consigue llegar a un acuerdo amistoso, el consumidor debe solicitar la hoja de reclamaciones así como elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al consumidor. Para OCU, este periodo representa una “muy buena oportunidad” para los usuarios, que tienen la oportunidad de conseguir…