taxonomía

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha urgido a las administraciones públicas de España a modificar los pliegos de contratación pública para alinearse con los nuevos requisitos técnicos de la taxonomía establecidos por la Unión Europea. Esta recomendación se presentó en el contexto de la jornada ‘Infraestructuras Resilientes: Taxonomía Europea’, celebrada por Seopan junto a Aenor para ayudar a entidades públicas y privadas a comprender la metodología requerida para identificar y reportar actividades económicas sostenibles. Nuevos estándares para la sostenibilidad en las infraestructuras Por ejemplo, en las actividades relacionadas con la ‘Construcción, ampliación y explotación de captación, depuración y distribución de agua’, se exige un consumo energético neto medio inferior a 0,5 kWh por metro cuadrado de agua suministrada. Además, el índice de fugas estructurales (ILI) debe ser igual o menor a 1,5. En cuanto a las ‘Desalinizaciones’, los proyectos deben asegurar que las emisiones de gases de efecto invernadero no superen los 1.080 gCO2 por metro cuadrado de agua dulce producida. Asimismo, deben realizar estudios locales de impacto de vertidos para cumplir con los criterios de contaminación. Para infraestructuras ferroviarias y de transporte, más del 70% de los residuos no peligrosos de construcción y demolición deben ser adecuados para reciclaje, reutilización o valorización Infraestructuras prioritarias para España e impacto económico Seopan ha subrayado la importancia de ciertas infraestructuras prioritarias en España, como las relacionadas con el Ciclo Integral del Agua, con una inversión inicial de 23.152 millones de euros que podría generar beneficios socioeconómicos por valor de 137.334 millones de euros a lo largo de 30 años. También se resaltó la necesidad de inversiones del PNIEC en eficiencia energética para puertos, edificios residenciales, y grandes instalaciones, que ahorrarían 14.714 ktep de energía final acumulada entre 2021 y 2030. Las infraestructuras planificadas en los transportes, con…
La normativa europea se está endureciendo para obligar a las empresas a demostrar que su sostenibilidad y evitar el ‘blanqueo ecológico’ Para ser ético y sostenible ya no basta solo con decirlo. En la Unión Europea (UE) en especial —y en el mundo en general— están cambiando las normas para que la actividad empresarial esté realmente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Un ejemplo de ello es la taxonomía verde Europa, puesta en marcha este año, que obligará a las empresas a presentar unos indicadores económicos de sus actividades sostenibles para evitar el greenwashing o ‘blanqueo ecológico’. Ser sostenible. Este es el objetivo que para muchas empresas no solo es una opción, sino una realidad. Más si cabe después de que la Comisión Europea haya establecido la incorporación de esta taxonomía medioambiental al tejido empresarial con el fin de conocer quiénes realmente cumplen con los fines sostenibles y quienes las citaron como papel mojado. Para las empresas que quieren liderar el cambio, las nuevas regulaciones suponen un gran reto técnico y administrativo. Así lo ha hecho ver la consultora tecnológica Stratesys, que ha señalado como seis las soluciones disponibles responden a los siguientes retos: 1. Cálculo de huella de carbono: Además de calcularse para las organizaciones, se puede calcular para productos y servicios específicos, siempre tomando como base los estándares internacionales (GHG Protocol, PAS 2050, etc.). Además de publicar la información del cálculo, el objetivo principal es la obtención de una etiqueta ecológica europea del producto (ecoetiqueta). 2. Compliance con la taxonomía europea: un Reglamento que nace del Plan de acción de finanzas sostenibles y cuyo objetivo es definir, en base a una clasificación homogénea y común, que actividades económicas son consideradas como actividades económicamente sostenibles. Afecta de manera diferente a las empresas que prestan servicios financieros frente…