La patronal de las grandes constructoras Seopan cifró este lunes en casi 1,77 millones los trabajadores que cesarán su actividad con la suspensión de las obras y en 345 millones de euros el impacto “por cada día de paralización”, y demandó al Gobierno un bloqueo ordenado para evitarse males mayores en la industria.
Según sus cifras, el sector da trabajo a cerca de 1,27 millones de personas de forma directa y genera otros 500.000 puestos de trabajo inducidos, “al ser el segundo sector productivo de nuestra economía en intensidad de mano de obra, solo superado por la agricultura”.
La construcción representa un 10% del PIB en términos económicos con una actividad que supera los 124.000 millones de euros de producción anual y eso implica, según estima, “una pérdida de actividad de 345 millones por cada día de paralización”. Además, avisó del efecto multiplicador de frenar la construcción, ya que por cada euro invertido genera 1,92 euros en actividad inducida.
Si bien Seopan validó la decisión del Gobierno de paralizar la actividad de los sectores no esenciales, como el de la construcción de obras, para reducir los desplazamientos y con ello contener aún más el avance del Covid -19, advirtió de que un parón sin planificarlo puede tener múltiples consecuencias nocivas.
En primer lugar, alertó de que su actividad no puede echar el cierre en 24 horas por razones tan simples, por ejemplo, como garantizar su seguridad. “Tal plazo, según caso, será insuficiente para poder implementar cuantas medidas de seguridad sean necesarias antes del inicio del periodo de inactividad, tanto para las empresas contratistas como para las direcciones facultativas de los clientes, públicos y privados, que necesariamente deberán supervisar y dar instrucciones a este fin”, avisó.
Seopan subrayó que el real decreto-ley aprobado “tampoco prevé los retenes de personal y medidas a realizar durante el periodo de inactividad” como pueden ser la custodia de polvorines y pozos de achique en obras de túneles, el mantenimiento de desvíos provisionales en carreteras con tráfico o el apuntalamiento de excavaciones y zanjas, y que deberían requerir una supervisión y mantenimiento durante el periodo de inactividad.
Por último, la patronal criticó el giro de 180 grados del Gobierno, pasando desde querer mantener la actividad y los ERTE “para favorecer la supervivencia empresarial” a trasladar el coste de sostenimiento de las rentas de sus trabajadores en proporción directa a la duración del periodo de inactividad. “Este giro radical afectará tanto al periodo de paralización que afrontamos como al de recuperación y reprogramación que requiere la obra civil”, alertó.
Según Seopan, estas últimas medidas son además “contraria” a las adoptadas por otros países de nuestro entorno y que conllevan “el riesgo de transformar la crisis de actividad que afrontamos en una crisis financiera, ante el riesgo de impago de los compromisos contraídos con las entidades financieras”.
Para encararlo y evitarlo apremió precisamente al Gobierno a que dé instrucciones a los órganos de contratación para garantizar una “suspensión ordenada de la actividad” y “adopte medidas urgentes de apoyo financiero” al sector ante el riesgo de impago que la interrupción de la actividad puede acarrear frente a sus bancos.
Seopan demandó de manera particular al Ejecutivo cuando se trate de licitaciones públicas que habiliten opciones como podría ser el poder “disponer anticipadamente de los créditos de gasto ya autorizados para posteriormente detraerlos durante el plazo restante de las obras”.
