Por Borja Carrascosa, director de Capital.

La economía es una imparable sucesión de burbujas. Cuando una se pincha, inmediatamente aparece otra que toma el relevo. Habitualmente, el tipo de activo financiero o material que la soporta es distinto en cada una de ellas. En España, la más común es la inmobiliaria, habitualmente inflada y posteriormente corregida por la ley de la oferta y la demanda. Hasta que llega una crisis como la de 2008 y desmonta en apenas tres años el modelo de crecimiento basado en conceder créditos a quien no los puede pagar.

Hay otros muchos ejemplos recientes a nivel global, como el caso de las criptomonedas basadas en la tecnología blockchain. El precio del Bitcoin ha oscilado en una brecha de entre 28.000 y 64.000 dólares desde que comenzó este año, y en verano de 2020 tenía un valor de 10.000 dólares. El sector financiero, que ve competencia en este fenómeno, reclama una regulación. Pero es difícil regular un mercado cuyos hipotéticos reguladores no saben cómo funciona.

Las tendencias evolucionan hoy más rápido que nunca, gracias a la tecnología, y se acortan los plazos de los relevos de las burbujas y del sobrecalentamiento de los activos. Pero hay una que resiste impertérrita los ataques del mercado, y es la de la deuda pública en la zona euro. Uno de los principales países beneficiados es España, que sobrevive con un Estado quebrado gracias al “rescate silencioso” del principal aliado de las economías basadas en el gasto público desmesurado: el Banco Central Europeo (BCE).

Los tipos de interés de la zona euro llevan más de cinco años en el 0%, desde los tiempos de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE). Concretamente, el organismo otorga liquidez sin coste al sector financiero europeo desde marzo de 2016, aunque le cobra un 0,5 % por depositar su capital. En paralelo, la institución que hoy lidera la francesa Christine Lagarde ha desarrollado un ambicioso programa de adquisición de activos (principalmente, deuda pública), que, en la práctica, lo convierte en el principal comprador de los bonos que emiten los países de la moneda única. Durante la pandemia, el ritmo de compras se sitúa en los 80.000 millones de euros mensuales, y se mantendrá en estos niveles al menos hasta después del verano.

En ese mismo periodo, desde marzo de 2016, el interés del bono español a 10 años ha pasado del entorno del 1,5 % al 0,5 %, y llegó a rozar el 0 % a finales de 2020. En los momentos más duros de la crisis financiera, en 2012, el cupón de la referencia española a una década llegó a situarse en el 7,6 %, mientras que en la primera década del siglo XXI osciló entre el 3 % y el 6 %. En síntesis, el “rescate silencioso” del BCE ha reducido en más de un 90 % el coste de financiación de nuestro país, que puede permitirse el lujo, gracias a este entorno regulatorio, de elevar sin control el presupuesto de gasto. Emitir deuda pública es prácticamente gratis hoy en día, y el regulador financiero europeo, en situaciones de posible ausencia de demanda, lo compra casi todo.

En este contexto, en junio hemos vivido otro hito histórico a nivel comunitario. La Unión Europea (UE), como conjunto de países, ha emitido deuda pública por primera vez para financiar los 750.000 millones del plan de recuperación de la crisis de la Covid-19. La reflexión es sencilla: si el BCE mantiene anestesiado al mercado, con tipos bajos y planes de compra de bonos, y es la Comisión Europea la que, en la práctica, controla al regulador, no debería tener problemas para financiarse.

Así fue, con una emisión de eurobonos a diez años por valor de 20.000 millones de euros. El interés, del 0,1%, supera el precio del dinero en la zona euro, pero no será suficiente, probablemente, como para sostener el efecto de la inflación. A pesar de esto, la demanda multiplicó por siete la oferta: 142.000 millones. La burbuja de la deuda, y esto bien lo saben en Japón, es la única que no se pincha. Los griegos decían que, por encima del Estado, no hay nada. Hoy, si miramos más arriba del ámbito estatal, lo que encontramos es el BCE.