Siete países europeos, entre ellos España, han solicitado a la Unión Europea que mantenga las actuales directrices de reducción de emisiones para coches y furgonetas, alertando sobre posibles flexibilidades que puedan frenar la transición hacia el vehículo eléctrico y afectar las inversiones del sector automovilístico. En un documento conjunto, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia destacan que cualquier concesión adicional a los fabricantes debe ser estrictamente limitada y estar orientada a acelerar la descarbonización de la movilidad sin comprometer la señal de inversión hacia la electrificación.
Los países firmantes subrayan que debilitar el marco regulatorio en este ámbito sería un error estratégico, especialmente cuando las inversiones previas están comenzando a mostrar resultados significativos
La electrificación del transporte es considerada por los gobiernos firmantes como un asunto crucial, no solo en términos de política climática, sino también para la seguridad energética europea, en un contexto de fluctuaciones en los precios de los combustibles fósiles y la inestabilidad geopolítica. El documento enfatiza la importancia de fortalecer las condiciones para adoptar el vehículo eléctrico, lo que incluye mejorar la infraestructura de recarga, proporcionar incentivos a la demanda y facilitar el acceso a vehículos eléctricos de segunda mano tanto para hogares como para empresas.
Además, los firmantes abogan por promover las inversiones que consoliden una cadena industrial europea de vehículos eléctricos y valoran iniciativas que refuercen la resiliencia de la industria automovilística y sectores relacionados, como el acero verde. Rechazan cualquier cambio normativo que no esté respaldado por criterios científicos, subrayando que, según la Comisión Europea, los vehículos híbridos enchufables emiten 3,5 veces más CO2 en condiciones reales que en los ensayos de homologación. Asimismo, manifiestan sus dudas respecto al papel de los combustibles renovables y neutros en carbono, alertando que podría desviar recursos necesarios en sectores como la aviación y el transporte marítimo.
En resumen, los siete países insisten en la necesidad de mantener un camino claro y ambicioso hacia la electrificación en las normas de CO2, lo cual sería clave para fortalecer la competitividad a largo plazo de la industria automovilística europea y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos del continente.
