"La industria se ha visto castigada por la falta de un marco legal estable, una fiscalidad homogénea, el apoyo del sector público y la descarbonización", por Por Jordi Sacristán, periodista y director de Comunicación Financiera de Roman
Mientras Cataluña sigue entretenida en sus diatribas contra el Estado español y en sus panegíricos del nacionalismo, los empresarios industriales catalanes miran con gran envidia lo que ocurre en Euskadi. Dejando a un lado la valoración de la situación política en cada territorio, los números para los industriales catalanes son tremendamente desfavorables.
El pasado día 16 de febrero, el Gobierno vasco presentó su plan de ayudas a la industria 2022 con 74 programas y un presupuesto de 590 millones de euros. El objetivo del programa es seguir impulsando el dinamismo que la industria ha demostrado en 2021, liderando la reactivación económica y generando empleo de calidad. La mayor parte de estas ayudas a la industria están destinadas al desarrollo tecnológico y al I+D (unos 219 millones de euros); transformación digital (otros 26 millones) y transformación energética (150 millones). Todas ellas con un foco común: el desarrollo del modelo industrial mucho más sostenible que potencie el nacimiento de la denominada “bioeconomía”.
Por su parte, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2022 contemplan una partida de ayudas a la industria de 50,4 millones de euros, lo que exactamente supone un incremento de 100.000 euros respecto a los 50,3 millones con que se aprobaron los presupuestos del año 2020. La sensación de abandono que muestra el sector manufacturero catalán, que representa casi un 20% del PIB catalán, parece que está justificado por las cifras.
Pero pasemos de la objetividad de los números a la subjetividad de los empresarios. Una de las últimas jornadas organizadas por el Círculo Ecuestre de Barcelona reunió como ponentes a cuatro grandes empresarios catalanes del sector industrial: Francesc Rubiralta (presidente de Celsa, sector siderúrgico); Julio Rodríguez (CEO de Cementos Molins, materiales para la construcción); Jordi Mercader (vicepresidente y director general de Miquel y Costas, papeles especiales) y Xavier Pujol (consejero delegado de Ficosa, componentes para el automóvil). Sus cuatro intervenciones sirvieron para listar los cuatro problemas básicos a los que se enfrenta el sector manufacturero catalán.
Xavier Pujol destacó la falta de apoyo de la administración catalana a la industria. Había visitado recientemente alguno de los centros de desarrollo industrial creados en Euskadi y fue muy expresivo: “¡Qué envidia!”. Es cierto que el concierto fiscal vasco permite a la administración vasca disponer de más recursos, pero pese a ello la sensación es que en Cataluña la industria no forma parte de las prioridades presupuestarias de la Generalitat.
Más allá del dinero público que se destine al sector, lo importante es la estabilidad. Esa fue la tesis de Jordi Mercader, que defendió que la industria necesita estabilidad jurídica y que la obligación de la administración es generar un marco que sea, por lo menos, igual de competitivo que el resto de Europa para poder atraer inversores.
A la tesis de estabilidad jurídica se sumó Julio Rodríguez, que puso como ejemplo la tasa extraordinaria a las emisiones de CO2 que quiere aplicar el Ejecutivo catalán y que se sumaría al actual pago por los derechos para emitir este gas. Si las regiones europeas económicamente más desarrolladas ya no pueden recibir ayudas de la Unión Europea, lo que no es de recibo es que la administración local grave aún más los centros fabriles existentes.
Finalmente, Francesc Rubiralta se centró en la revolución que supone la transformación de los procesos industriales para evitar el riesgo derivado del cambio climático y del agotamiento de los recursos naturales. La industria no puede descarbonizar sus procesos “a pelo” y necesita del impulso del sector público para ejecutar una metamorfosis que para Occidente es tan imprescindible como peligrosa para la competitividad de las compañías.
Se trata de cuatro grandes problemas (marco legal estable, fiscalidad homogénea, apoyo del sector público y descarbonización) a los que se ha unido el incremento disparatado en los precios de la energía para castigar muy severamente la competitividad de la industria. Evidentemente, todos ellos son problemas resolubles, pero es urgente afrontarlos para evitar la desindustrialización de nuestro país. Parecía que la pandemia nos había enseñado que debemos ser más autosuficientes y depender menos de las importaciones de Asia, pero al final seguimos en la misma senda de 2019. La cabra tira al monte.
