Están obligadas por su propia naturaleza (y la del Gobierno de turno) a seguir ofreciendo sus servicios a pesar de las pérdidas y esto tiende a aumentar el precio de los mismos
Las empresas públicas son el eje vertebrador de los países más avanzados de nuestro entorno. Desarrollan funciones de todo tipo, dan trabajo a cientos de miles de personas y, sobre todo, conforman un ecosistema laboral único que hace que miles de trabajadores se planteen hacerse un hueco en este mundo cada año.
Independientemente de su funcionalidad, las empresas públicas, en términos generales, demuestran ser menos rentables, y con una burocracia intrínseca que suele amenazar con tambalear los propios cimientos de la institución.
Si bien es cierto que no todas las empresas son privatizables, y que es incluso beneficioso para el buen funcionamiento del Estado que algunas compañías locales sean de índole pública, resulta curioso observar las grandes diferencias existentes entre las instituciones públicas y las privadas.
Rentabilidad e intervención estatal
José Ramón Pin, economista y profesor emérito del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones en IESE Business School, analiza esta situación con Capital. En opinión de Pin, las empresas públicas “mejoran mucho si tienen dos características: la primera es que su clientela se base no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, incluso internacional. Y la segunda es tener una gobernanza estable y especialmente una participación de empresas privadas en el Consejo de Administración, sobre todo, si cotizan en bolsa. Porque tienen que cuidar de sus accionistas”.
“Si cada cuatro años cambias el órgano de gobierno, no puedes tener una estrategia consolidada a largo plazo”
José Ramón Pin
Las empresas públicas, como cualquier otra empresa, también buscan ser rentables, pero no es su máxima. Ofrecen un servicio, pero en muchas ocasiones, están supeditadas a los designios del propio Estado. Es aquí, en base a esta gran diferencia, cuando comienza a observarse un conflicto de intereses entre los objetivos marcados por la propia empresa.
El primer conflicto lo encontramos en la eficiencia económica y la distribución de la renta. Como hemos dicho antes, una empresa pública no tiene como objetivo prioritario maximizar sus beneficios, aunque esto tampoco significa que vaya a desechar dicha posibilidad si así surgiera.
Por ende, la persistencia de exceso de mano de obra en algunas empresas públicas puede contemplarse como una decisión tácita de distribuir renta real a determinados grupos de trabajadores, a expensas de la eficiencia económica.
¿Qué significa esto? Que una institución pública va a priorizar a sus trabajadores por encima de la rentabilidad de la propia empresa. Para que la salud económica de una empresa privada tradicional se recupere, lo más habitual suele ser el despido de trabajadores, las bajadas salariales o los acuerdos del tipo regulatorio (ERE o ERTE).
Pero una compañía pública no tiene tan fácil tomar este tipo de decisiones. Por lo general, a pesar de las pérdidas, las empresas públicas continuarán ofreciendo los mismos servicios sin prescindir de su mano de obra. Y esto coloca a dichas entidades en una curiosa tesitura.
El suministro de bienes producidos por empresas públicas a grupos particulares de consumidores a precios que no cubren el coste, aumenta las rentas reales de estos últimos, pero reduce la rentabilidad de las empresas. En el límite, la naturaleza de la redistribución de la renta que entrañan estas políticas depende del modo en que se financie la provisión de estos servicios que no cubren costes.
Si una empresa debe satisfacer por completo un excedente que le viene fijado como objetivo y no recibe ninguna subvención gubernamental para compensar la falta de beneficios en aquellas actividades que acomete a un precio por debajo del coste, sus precios rentables serán, en consecuencia, más elevados.
La toma de esta decisión vuelve a entrar en conflicto con la propia ley de la oferta y la demanda: las empresas públicas, obligadas por su propia naturaleza (y la del Gobierno de turno), deben seguir ofreciendo sus servicios a pesar de las pérdidas, por lo que se tiende a aumentar el precio de los mismos.
¿Y a quién perjudica esta decisión salomónica? A los propios usuarios. Lo vemos en muchos aspectos de la vida cotidiana, como en los precios de los billetes de tren. No se cubren gastos, y se debe subir el precio.
Esto sería lo ‘económicamente saludable’, pero, dado que se trata de una institución pública, el gobierno suele intervenir cuando el libre mercado ya no puede hacer el resto. Se da ahora el caso contrario: para evitar que el ciudadano cargue con la subida del precio de la vida, el gobierno subvenciona masivamente el transporte público.
Este caso no es algo particular de España, se está dando también en otros países de Europa como consecuencia de la inflación y de la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Pero el caso es que las instituciones públicas ya han metido la mano dos veces en el mismo proceso: la primera vez, al asignar unos objetivos inviables de cumplir para la empresa pública-provocando pérdidas y la subida de los precios-, y la segunda vez, al regar con dinero público a dichas empresas para que los ciudadanos de a pie no paguen los platos rotos.
Aunque al final, la realidad es que ese dinero extra deberá salir de algún lado para permitir a la empresa seguir funcionando. Y normalmente, suele llegar de una subida de impuestos, que será controvertida, o del recurso a la deuda pública.
La excesiva burocracia de las públicas
Las empresas públicas cuentan con tres fuentes de financiación básicas: los beneficios obtenidos por la prestación de su servicio o la venta de su producto, los recursos de la propia hacienda pública y el mercado financiero (emisión de obligaciones).
Ahora bien, pase lo que pase, haya pérdidas o no, no suele aplicar las reglas tradicionales de una empresa capitalista, en especial la de despedir trabajadores como último recurso. Esta obligación moral ya supone un problema de por sí, pero es que los propios trabajadores también podrían ser parte del problema del mal funcionamiento.
"El problema de las empresas públicas es la presencia de los sindicatos como fuerza de presión”
José Ramón Pin
En nuestro país hay 3,5 millones de empleados públicos, lo que supone un 17,07% de los 20,54 millones de personas ocupadas del país, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2022.
Según un informe de Eurostat del 2020, España está lejos de las cifras de otros países europeos. Los estados con mayor número de funcionarios en Europa son Noruega, con un 32,4%, Croacia con un 30,1%, Dinamarca con un 29,6% y Letonia, con un 29,5%.
Se disipa así la duda sobre el estereotipo de los funcionarios y España. Sin embargo, sí que podemos preguntarnos: ¿es eficiente la burocracia en nuestro país?
La respuesta es rotunda. Y es ‘no’. Con mayúsculas. España está, según un informe de 2018 de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), entre los países con más burocracia del mundo, debido principalmente a “una elevada densidad y complejidad, un alto nivel de obstáculos burocráticos y una carga administrativa desproporcionada". La propia CEOE critica en dicho informe que la regulación que deben cumplir los autónomos y las empresas de nuestro país es "injustificada, desproporcionada y discriminatoria".
La consultora Adecco elaboró un estudió en 2017 donde el 47% de los trabajadores por cuenta propia aseguraban sufrir una gran carga social y administrativa. Pero hay más.
Un empresario español dedica cuatro horas y 35 minutos a gestionar los trámites burocráticos cada semana. Según el estudio Hiscox ADN del Emprendedor 2017, España es el segundo país en el que más tiempo se dedica a la burocracia, sólo por detrás de Francia, que ostenta el récord con cuatro horas y 36 minutos, un minuto más que en nuestro país.
Este proceso es más largo que en Holanda, donde dedican dos horas y 40 minutos; que, en Reino Unido, con dos horas y 35 minutos; o que, en Estados Unidos, donde invierten dos horas y 43 minutos.
El uso partidista de las empresas públicas
Las costuras de las empresas públicas se dejan ver en este aspecto. Si a la falta de rentabilidad le sumamos el exceso de trabajadores sin incentivos, la lentitud burocrática y el uso que dan los gobiernos de las compañías públicas, obtenemos un cóctel de ineficiencia que se acentúa de forma peligrosa.
Es algo relativamente normal que, en época de crisis, restricciones económicas e incertidumbre política, se haga uso del partidismo empresarial para garantizar un buen número de votos.
El profesor Pin es claro al respecto. “El problema de las empresas públicas es que los nombramientos suelen ser políticos. No es necesariamente malo que esto sea así, pero sí cambiar cada poco la gobernanza de la empresa. Si tú cada cuatro años cambias el presidente y cambias el órgano, cambias por tanto la estrategia. Eso hace que no puedas tener una estrategia suficientemente consolidada a largo plazo, lo que genera casi todos los problemas”, señala.
Imaginemos que a un gobierno de un país cualquiera le da por eliminar buena parte del empleo público. En España, por ejemplo, con las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy -entre ellas, la reducción de la tasa de reposición-, se redujo el número de funcionarios hasta en 300.000 personas.
Los trabajadores que han perdido su trabajo no estarán muy por la labor de entregar su voto al partido que les ha desposeído de su empleo. Esto nos lleva al siguiente escollo a salvar: los sindicatos.
“Yo diría que finalmente, el otro problema es la presencia de los sindicatos como fuerza de poder, de presión. No es lo mismo una huelga en una empresa privada, que, al final es la negociación entre los empleados y sus empleadores, a través de sus sindicatos y sus comités de negociación, que una empresa pública, en la cual cualquier manifestación en la calle se convierte en una manifestación política. Y entonces, allí, los criterios de eficiencia económica muchas veces se supeditan a los criterios electorales”.
Subvenciones, ayudas, aumento de salario… Todo suma para mantener distraído a un sector, que como hemos dicho, representa el 17% de la población activa de nuestro país. En los últimos diez años, el número de funcionarios de carrera se ha reducido en casi un 13%. Y el Gobierno -en este caso de Pedro Sánchez-, de acuerdo con los sindicatos, ha acordado “aligerar” las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y facilitar la promoción interna de funcionarios.
No obstante, en opinión de Pin, “a veces hay gestores muy eficientes que consiguen sacar todo adelante, pero tienen que ser unos gestores muy especiales. Entre otras cosas, tienen que ser menos políticos y que pueden mantenerse durante varios cambios de gobierno en su puesto”.
A pesar de todo, se siguen observando métodos de utilización partidista en muchos sectores públicos. Los últimos, las huelgas de médicos y enfermeros, casualmente, en las comunidades donde gobierna el partido de la oposición.
Ejemplos extremos: América Latina
Que España tiene un problema con las empresas públicas es evidente. Pero por suerte, no se le acerca ni de lejos a lo que sucede en Iberoamérica. Falta de rentabilidad e incentivos; presiones políticas; uso partidista; compra de votos e incluso expropiaciones.
El ejemplo más triste lo encontramos en la empresa venezolana Petróleos de Venezuela, conocida por sus siglas como PDVSA. Esta empresa, creada en 1975 tras la nacionalización de la industria petrolera, se encargaba de gestionar las actividades petrolíferas del país sudamericano, hasta que los gobiernos chavistas decidieron meter aún más la mano.
Venezuela es el país con más reservas de petróleo del mundo, y haciendo números, los venezolanos deberían disfrutar de uno de los niveles de vida más altos del continente, como ocurría en los años 70. Pero es de todos bien sabido que esto está lejos de ser así.
El control de PDVSA por parte del gobierno bolivariano provocó la contratación masiva de trabajadores adeptos al partido, a pesar de que los beneficios de la empresa no se habían incrementado. Cuarenta litros de gasolina se llegaron a vender a 0,0000002 dólares. Y es normal que, siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo, la gasolina sea relativamente barata. Pero una empresa no puede tirar de esa forma el dinero.
El uso partidista de esta y otras instituciones en Venezuela se sumó a la nula rentabilidad, la expropiación de empresas privadas y domicilios particulares, el aumento de la burocracia y la inflación galopante. ¿El resultado? Venezuela tiene periodos donde escasea la gasolina. Sí, el recurso más rentable y cuantioso del país ya ni siquiera está accesible para cubrir toda la demanda.
PDVSA es el más notable, pero existen cientos de ejemplos. En 1999, la española Repsol se hizo con el control casi total de la argentina YPF tras acudir a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de dicha empresa. Repsol pagó 15.000 millones de dólares por ello. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández decidió recuperar el control para el estado, y expropió la empresa en 2012, entregando a Repsol una suma total de 5.000 millones como indemnización.
¿El resultado? Argentina tuvo que hacer frente a pérdidas de entre 3.000 y 12.000 millones, lo que, sumado a la bajada de los precios del petróleo durante la pandemia, hizo que su apuesta por el control estatal no saliera demasiado bien.
