Con sus diferentes decisiones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en seguir su hoja de ruta, en ocasiones en contra de la opinión de las empresas. En este artículo resumimos las medidas más polémicas
Si por algo se ha distinguido el Gobierno que preside Pedro Sánchez es por su manera de tensar la cuerda con los empresarios. Más allá de aprobar nuevas normas sin el visto bueno de las empresas, varios ministros del Ejecutivo han apostado una y otra vez por utilizarlas como chivo expiatorio, llegando incluso a disparar descalificaciones.
A Amancio Ortega, fundador de Inditex, se le llamó evasor fiscal. De Rafael del Pino (Ferrovial) se dijo que no era patriota, mientras que a Juan Roig (Mercadona) se le calificó como "capitalista despiadado".
Al comienzo de la legislatura las posturas eran mucho más cercanas. De hecho, patronal, sindicatos y Gobierno han llegado a firmar diecisiete acuerdos durante esta legislatura, con la reforma laboral como el principal exponente de ese talante negociador. Sin embargo, el cruce de acusaciones entre las partes ha sido habitual.
Subida del SMI
Así, varias decisiones del Gobierno han suscitado las quejas de los empresarios. Entre otras, cabe destacar el plantón de la CEOE a negociar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno acordó con los sindicatos la subida del SMI hasta los 1.080 euros.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, criticó esta subida y se negó a formar parte de las negociaciones. Además, rechazó el trato injusto que recibieron los empresarios. No obstante, hay que decir que el Ejecutivo solo está obligado a abrir la consulta a empresas y trabajadores, pero no a llegar a un acuerdo.
Impuesto a la banca y a las energéticas
Al hilo de esos señalamientos que ha llevado a cabo el Gobierno, la banca y las energéticas han centrado gran parte de la atención. Tras diferentes idas y venidas, se acordó poner en marcha impuestos extraordinarios a estos dos sectores, con la intención de recaudar 3.500 millones de euros. La AIReF, por su parte estima que la recaudación será algo menor, de alrededor de 2.900 millones de euros.
La tributación de estos impuestos es la siguiente: el 1,2% sobre la cifra de negocio de las energéticas con facturación superior a 1.000 millones; mientras, el impuesto a la banca grava el 4,8% de los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019.
Para el presidente de CEOE, estos impuestos dejan ver el "intervencionismo del Gobierno". En su opinión, se trata de impuestos selectivos que minan la confianza inversora y van en contra de lo que necesitan las empresas: seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Incluso desde Bruselas se ha alertado de que estas medidas podrían socavar la rentabilidad de las entidades financieras.
Reforma de las pensiones
Más recientemente, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, presentó su reforma de las pensiones. De CEOE recibió una oposición frontal, en la medida en que consideraron que el ministro no había contado con las empresas para llevar a cabo esta reforma.
Los cambios más importantes tienen que ver con la introducción de una "cuota de solidaridad" que afectará a las rentas altas, las superiores a 55.000 euros. Así se introduce un tipo del 1% en 2025 que aumentará 0,25 puntos cada año, hasta alcanzar el 6% en 2045. Garamendi cree que esto es un "impuestazo al talento".
Por otro lado, se introdujo a principios de año el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que no es otra cosa que una subida de 0,6 puntos en las cotizaciones, de los que 0,5 puntos los pagan las empresas y el resto, los trabajadores. Desde la CEOE han reiterado su desacuerdo por la falta de diálogo que ha mostrado Escrivá con las empresas.
Impuesto al plástico
A cambio de los fondos europeos, los socios comunitarios se comprometieron a introducir nuevos impuestos, como de los envases de plástico no reutilizables. Mientras que en otros países han optado por retrasar su puesta en marcha, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dudó en aprobarlo el último día del año pasado.
De ese modo, desde enero de este año se castiga con 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado que se utilice en los envases de los productos. Los alimentos son los principales perjudicados por esta medida.
Desde FIAB, la patronal del ramo, se puso sobre la mesa el elevado impacto de la medida (690 millones) que no solo comprende el impuesto en sí, sino los costes de gestión que conlleva. Este nuevo gravamen se aprobó a la vez que la bajada del IVA en los alimentos, de modo que el sector criticó que, a la vez que se quitaba un coste, se les impusiera otro.
Rebaja del IVA
Hablando del IVA de los alimentos, fue una de las medidas que se pidieron durante todo el año pasado. En primera instancia, el Gobierno se negó. Alegaba que se trataba de una medida ineficaz.
Tras muchos meses, la titular de Hacienda dio el visto bueno a la medida. Sin embargo, las empresas defienden que se hizo tarde y de forma incompleta, pues alimentos esenciales como la carne y el pescado no se benefician de la reducción. En ese sentido, Garamendi acusa al Estado de beneficiarse de la inflación mientras niega a los ciudadanos la reducción de impuestos que podrían aliviar su situación económica.
