El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Luis Artieda, ha instado a las fuerzas políticas a alcanzar consensos amplios para implementar medidas que aborden de manera efectiva la crisis de acceso a la vivienda. Su mensaje fue expuesto durante la segunda mesa de diálogo titulada ‘Contexto balear: diálogo sobre políticas de vivienda’, organizada por el PSIB con miras al 15º congreso del partido.
Artieda, quien abrió la sesión, enfatizó la necesidad de abordar la vivienda como un «bien de primera necesidad» y no como un «bien de mercado especulador». Afirmó que, para considerar la vivienda como el quinto pilar del bienestar social, es imperativo encontrar soluciones efectivas a la problemática actual. “Hay que crear un marco general común con consenso de todos los partidos políticos”, advirtió, subrayando que sin una estrategia a largo plazo, únicamente se podrán aplicar parches temporales.
El mercado tiene que adaptarse a las tipologías de las necesidades que hay
Además, Artieda presentó datos del Instituto Nacional de Estadística que ilustran la magnitud del problema en Baleares. Según el INE, existe una marcada insuficiencia en el número de viviendas, con 652.000 disponibles frente a una población de 1,2 millones. Asimismo, destacó el elevado precio medio del metro cuadrado, que asciende a 3.700 euros, lo que implica un incremento del 9,6% respecto al año anterior. También lamentó la falta de vivienda social, un aspecto que ha sido, a su juicio, “abandonado” a lo largo de los años.
En la mesa de diálogo, el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, pronosticó que la próxima crisis económica en la región estará centrada en el acceso a la vivienda. “No podemos crecer económicamente ni asumir la actividad económica de nuestro modelo productivo con los precios actuales de la vivienda”, añadió, advirtiendo sobre las consecuencias de no intervenir en el mercado.
Por su parte, el presidente del Consell de la Joventut de Baleares, Pau Emili Muñoz, se unió a la conversación señalando que la juventud de hoy podría ser la primera generación desde la Guerra Civil que vivirá peor que sus padres. «La situación está tan mal que o trabajas de forma precaria o no trabajas», afirmó, cuestionando la efectividad de la ley de vivienda autonómica de 2018.
Los trabajadores tienen que vivir en algún sitio
La abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Gloria Olmos, también destacó el creciente número de familias de clase media que enfrentan dificultades al renovar sus contratos de alquiler. Presentó un caso en el que una familia monoparental se ve obligada a considerar un aumento de alquiler hasta 1.500 euros, amenazando su estabilidad y posible desalojo.
La abogada insistió en la necesidad de que las administraciones públicas actúen con decisión para combatir la crisis de vivienda y no olvidar la “función social” que debe cumplir este derecho.
