El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su firme posición contra la compra de viviendas con fines especulativos, instando a que se destinen exclusivamente para residencias o alquileres a precios asequibles. Durante una atención a los medios en Barcelona, junto a Jéssica Albiach y Janet Sanz, líderes de los Comuns y BComú respectivamente, Bustinduy subrayó la necesidad de actuar «a todos los niveles» para asegurar el derecho a la vivienda.
Bustinduy celebró las iniciativas de los Comuns y BComú en el Parlament y Ayuntamiento, incidiendo en que deben llevarse también al Congreso de los Diputados y al Gobierno. «Que si se compra una vivienda sea para residir en ella o para ponerla en alquiler según los índices de referencia», enfatizó. Afirmó que el 60% de las compras de viviendas en España se realizan sin hipoteca, lo que en su opinión evidencia su carácter especulativo: «Eso no son familias, eso no son jóvenes que se independizan, eso no son ciudadanos haciendo sus proyectos de vida, eso son agentes especuladores».
Bustinduy destacó textual que esta especulación no es un acto moral o decisión individual, sino que responde a "la lógica del mercado mismo, que tiene secuestrado el parque de vivienda en el conjunto del Estado". Subrayó que no basta con comentar o denunciar la situación, afirmando que "es hora de actuar. Y es hora de actuar a todos los niveles".
Aval a la ley de servicios de atención
En otro orden de temas, el ministro se refirió al reciente aval de Junts en la comisión de Consumo del Congreso a la ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras la ruptura anunciada con el Gobierno. Celebró este avance como un paso crucial hacia la aprobación definitiva de la norma y manifestó confianza en su ratificación por el Pleno. Esta ley obligará a las grandes empresas a atender en catalán, gallego o euskera en las comunidades autónomas donde estas lenguas son oficiales.
Bustinduy destacó el esfuerzo y diálogo involucrados en este proceso: "Es una ley que va a suponer una transformación revolucionaria del paradigma de la concepción de los derechos de consumidores". Al concluir, se mostró optimista ante la votación, señalando que "por difíciles que sean las circunstancias y la coyuntura política, el interés general, cuando es el interés de las mayorías, siempre puede abrirse paso".
