El Congreso de los Diputados se prepara para una votación crucial este jueves sobre la derogación o convalidación del decreto ley que extiende el conocido ‘escudo social’, el cual incluye una moratoria antidesahucios. Sin embargo, el Partido Popular (PP), Vox y Junts han manifestado su intención de votar en contra, luego de que el texto fuera rechazado previamente en la Cámara Baja.
Este decreto no solo contempla medidas para evitar desalojos, sino que también prohíbe el corte de suministros a personas vulnerables. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros, está en vigor pero requiere la aprobación del Congreso en un plazo de treinta días para ser convalidado o derogado definitivamente.
Decisión política dividida en el Congreso
Originalmente, la prórroga del escudo social fue parte de un decreto que también abarcaba la revalorización de las pensiones, pero fue rechazado con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Estos grupos defendieron que, aunque apoyaban el aumento de las pensiones, no estaban de acuerdo con la moratoria antidesahucios ni con la prohibición de cortes de suministros básicos para los vulnerables. Debido a esto, el Gobierno optó por desagregar el decreto en dos textos separados para facilitar la votación.
Además, el Ejecutivo incluyó una modificación, a solicitud del PNV, en el decreto del escudo social, para que la prohibición de desahuciar no afecte a propietarios individuales con una sola vivienda en alquiler
No obstante, PP, Vox y Junts mantienen su postura en contra. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, reiteró su voto negativo afirmando que el decreto favorece «ocupaciones» al complicar los desalojos en situaciones de vulnerabilidad económica. Desde el Gobierno, sin embargo, consideran que Junts está utilizando pretextos para justificar su oposición.
El Pleno también abordará decretos relacionados con ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de la revalorización de las pensiones y el límite de precios en emergencias. El decreto para las víctimas proporciona ayudas que varían entre 2.404 y 84.141 euros dependiendo de los daños sufridos. Por otro lado, el decreto de tope de precios busca limitar el coste de productos y servicios en situaciones de emergencia, permitiendo que el Gobierno fije un precio máximo basado en los valores de los treinta días previos a la emergencia.
