Sumar ha expresado su disposición a reconsiderar el enfoque del decreto del escudo social, el cual incluye medidas como la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz a personas vulnerables, así como exenciones fiscales relacionadas con los incendios y la DANA. Esta discusión ha surgido ante la negativa del PP, Vox y Junts de respaldar el texto vigente. En el pasado, estas formaciones ya rechazaron un decreto que contemplaba la revalorización de las pensiones para 2026, lo cual obligó al Gobierno a separar dicho punto del paquete normativo para asegurar su aprobación.
El portavoz de IU integrado en Sumar, Enrique Santiago, ha expresado su descontento con la postura de PP, Vox y Junts, calificando su voto en contra como una «vergüenza». Santiago ha mencionado la posibilidad de plantear las medidas en distintas normas si es necesario, para garantizar la protección de los grupos más vulnerables.
Por su parte, el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado al Gobierno a presentar un nuevo decreto cuanto antes. Ibáñez ha enfatizado la «obligación moral» del Ejecutivo de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, descartando la posibilidad de que «desahucien a los niños» o «corten la luz a las familias más empobrecidas». La diputada de Compromís, Águeda Mico, también ha mostrado su apoyo a abordar cada caso de manera individual y evitar los llamados «decretos ómnibus».
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado la necesidad de que los partidos voten a favor del decreto, rechazando la opción de segmentar las medidas de manera que se tenga que elegir entre diferentes grupos vulnerables. Mientras tanto, Junts ha focalizado su rechazo hacia la moratoria antidesahucios, argumentando que podría fomentar la ‘okupación’ de viviendas.
Han afirmado que apoyarían el resto del decreto si se presenta de forma separada
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La tensión política continúa tras las declaraciones del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quien ha señalado que no confía en que Junts vaya a respaldar el decreto incluso si se elimina la moratoria antidesahucios, acusándolos de «mentir más que hablar». Estos desacuerdos reflejan la complejidad del debate legislativo en torno a medidas cruciales para el bienestar social.
