En un debate acalorado en el Congreso de los Diputados, el decreto del escudo social, que contempla medidas como la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para las personas en situación de vulnerabilidad, ha sido blanco de críticas por parte de PP, Vox y Junts. Estos partidos han ratificado su voto en contra de la convalidación del decreto, lo que ha generado indignación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, quienes calificaron la postura de estos grupos como una «vergüenza».
Durante la sesión en la Cámara Baja, las críticas de PP, Vox y Junts giraron en torno al argumento de que el decreto facilita la ‘okupación’ de viviendas. Esta postura, defendida por los partidos, provocó una fuerte reacción del Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó dicha justificación como una «excusa absolutamente falsaria». Bolaños recordó que:
hace aproximadamente un año PP y Junts votaron a favor de la convalidación de un decreto similar
El ministro instó a los partidos a considerar la importancia de aprobar el texto para no generar «incertidumbre» ni «sufrimiento» a quienes enfrentan dificultades financieras. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, destacó esta contradicción en la postura de PP y Junts, instando a los últimos a abstenerse para evitar impactos negativos en las familias.
Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, acusó a Junts de representar intereses de «fondos buitre» y destacó el riesgo al que se enfrentan 200,000 personas, con 50,000 en Cataluña, ante una posible caída del decreto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue particularmente crítica, deseando que aquellos que se oponen al decreto sientan el impacto real de los desahucios.
Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas reprochó al Gobierno la mezcla de medidas en un mismo decreto, calificándolo de «chantaje político» y resumiendo su postura en «escudo social sí, ‘okupas’ no». Propuso utilizar una línea de 300 millones de euros para evitar desahucios a través de avales por posibles impagos de alquiler.
El debate también incluyó críticas desde otras bancadas. El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, denunció la falta de avances en la construcción de viviendas, y el diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, subrayó el estancamiento del proyecto de ley tras su aprobación inicial. Alberto Catalán, de UPN, cuestionó la inclusión de las ayudas de la DANA junto con la moratoria antidesahucios, destacando la complicación que supone mezclar distintos temas en un único texto legal.
