El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido popularmente como el Estatuto del Becario. Esta ley, presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en colaboración con los sindicatos, busca regular las prácticas no laborales y combatir la precariedad en este ámbito. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, señaló en la rueda de prensa posterior que «es una norma que es muy controvertida porque lucha contra la precariedad».
Objetivo del Estatuto y sanciones
A través de esta legislación, el Gobierno pretende que «las prácticas no laborales en las empresas tengan que constar por escrito con un acuerdo específico», según Díaz, lo que garantizaría la formación adecuada de los becarios y establecería una doble tutorización. El estatuto busca otorgar a estas personas un conjunto de derechos y deberes, incluyendo la compensación por los gastos incurridos durante las prácticas.
Esta ley introduce sanciones severas para las empresas que incumplan las regulaciones, con multas que superan los 250.000 euros en casos de infracciones graves. Las infracciones podrán variar desde 7.501 euros hasta 225.018 euros, dependiendo de su gravedad.
Las multas se aplicarán en situaciones que incluyan discriminaciones por edad, discapacidad, género, origen étnico, religión, orientación sexual, y otras condiciones estipuladas en el documento, así como en casos de represalias contra trabajadores por exigir igualdad de trato y no discriminación.
Tramitación y desafíos
El Estatuto del Becario, al ser un proyecto de ley, deberá pasar por el Congreso, donde las discrepancias internas entre partidos como el PSOE y Sumar podrían complicar su aprobación. Asimismo, la comunidad universitaria, que ha manifestado su disconformidad por no ser incluida en el proceso, reclama ajustes en la norma.
Además de las regulaciones establecidas para proteger a los estudiantes, se hace énfasis en las responsabilidades de estos, como cumplir la normativa vigente, mantener comunicación constante con sus tutores y guardar confidencialidad sobre la información interna de la empresa.
