El nuevo Plan de Control Tributario 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, marca una nueva etapa en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal en España. Este plan introduce medidas específicas dirigidas a sectores y actividades que, según los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, presentan un mayor riesgo de evasión o de irregularidades fiscales. Entre los ámbitos que reciben mayor atención destacan las grandes fortunas, el sector inmobiliario, los criptoactivos, la actividad de los influencers y el refuerzo del control aduanero.
Uno de los sectores más vigilados por el nuevo plan será el inmobiliario, debido al fuerte incremento de precios que se ha producido en los últimos años tanto en la compraventa de viviendas como en el alquiler de inmuebles. Este aumento ha generado importantes beneficios para propietarios, inversores y empresas del sector. Sin embargo, también ha despertado sospechas sobre posibles prácticas de fraude o de ocultación de ingresos. Por ello, la Agencia Tributaria intensificará la revisión de escrituras y contratos para comprobar si reflejan el precio real pagado en las operaciones inmobiliarias. Esta medida busca evitar la infradeclaración de valores en las transacciones, una práctica que podría reducir artificialmente la carga fiscal asociada a la compra o venta de inmuebles.
Otro de los focos prioritarios del Plan de Control Tributario se encuentra en el ámbito de los criptoactivos. El crecimiento del mercado de las criptomonedas en los últimos años ha planteado nuevos desafíos para las administraciones fiscales, que buscan garantizar que las ganancias obtenidas con estos activos tributen adecuadamente. Desde 2024, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone de información detallada sobre los saldos de monedas virtuales a final de año y sobre las operaciones realizadas con ellas, incluyendo adquisiciones, transmisiones, permutas, transferencias, cobros y pagos. Estos datos son suministrados por entidades españolas que operan con criptomonedas. Gracias a esta información, la Administración podrá comprobar si los contribuyentes han declarado correctamente los beneficios obtenidos mediante estas operaciones en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades.
El plan también pone especial atención en el fenómeno de los influencers, cuya actividad económica ha crecido de forma notable en la última década. Muchos creadores de contenido generan ingresos mediante publicidad, patrocinios, colaboraciones comerciales o plataformas digitales. Sin embargo, algunos de ellos han optado por trasladar su residencia fiscal a territorios con menor presión impositiva, como Andorra o Dubái. Según GESTHA, el nuevo plan deja claro que los ingresos generados en España o procedentes de empresas y marcas españolas deben tributar en el país, independientemente de dónde resida el influencer. Esta medida pretende evitar estrategias de planificación fiscal agresiva que reduzcan la recaudación tributaria.
Además de estos sectores, el Plan de Control Tributario contempla el refuerzo del control aduanero, una decisión que responde al aumento del comercio internacional previsto en los próximos años. Este crecimiento se debe en parte a nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea con diferentes regiones del mundo, como India o Mercosur, así como a los cambios derivados del acuerdo sobre Gibraltar para el control de personas y mercancías. A partir del 1 de julio de 2026 también se aplicará una nueva tasa aduanera de tres euros a los paquetes de menos de 150 euros que entren en la Unión Europea, lo que incrementará la necesidad de supervisión en las fronteras.
Para afrontar estos retos, los técnicos de GESTHA consideran necesario reforzar las plantillas y las competencias en las aduanas, así como mejorar los recursos en los puntos de inspección fronterizos. Estas medidas no solo permitirían garantizar la correcta recaudación de derechos de aduana, sino también asegurar que los productos importados cumplen con las condiciones sanitarias y de calidad exigidas por la normativa europea.
En este contexto, GESTHA subraya que el éxito del Plan de Control Tributario 2026 dependerá en gran medida de que se amplíen las capacidades de los aproximadamente 8.600 técnicos que trabajan en la Agencia Tributaria. Según el colectivo, estos profesionales representan alrededor del 85% de los funcionarios del grupo A con competencias para investigar, liquidar y recaudar tributos pendientes. Por ello, reclaman que se les otorguen mayores competencias para investigar los fraudes de mayor magnitud, especialmente aquellos relacionados con grandes empresas, grupos empresariales y personas con elevados patrimonios.
Asimismo, los técnicos consideran necesario cubrir más de un millar de jefaturas de unidad que actualmente se encuentran vacantes. Esta medida permitiría equilibrar el control fiscal, ya que en la práctica muchas actuaciones se centran en particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas, mientras que los casos más complejos de fraude empresarial requieren recursos especializados y estructuras de investigación más amplias.
GESTHA también advierte sobre el descenso progresivo en el número de denuncias por delito contra la Hacienda Pública. Según los datos extraídos de las memorias de la Agencia Tributaria, el número de denuncias ha pasado de más de mil en 2011 a poco más de un centenar en 2024. Este descenso se traduce en una caída cercana al 87% en ese periodo. Para los técnicos, esta tendencia refleja las limitaciones existentes en el sistema actual y pone de manifiesto la necesidad de reformar las competencias y la organización interna de la Agencia Tributaria.
En definitiva, el Plan de Control Tributario 2026 pretende modernizar la lucha contra el fraude fiscal adaptándose a nuevas realidades económicas, como el auge de los criptoactivos o la economía digital. Sin embargo, su eficacia dependerá no solo de las nuevas directrices, sino también de la capacidad de las instituciones para dotar de recursos, competencias y coordinación a los profesionales encargados de aplicarlas. Solo así será posible reducir la economía sumergida y garantizar una mayor equidad en el sistema tributario.
