Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido que, en caso de que la derecha vote en contra del decreto ley de vivienda debido a la situación en Irán, miles de personas podrían quedarse sin hogar. Este decreto incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vencerán entre 2026 y 2027, permitiendo su extensión por hasta dos años. Las declaraciones se realizaron en la sede del Ministerio de Consumo.
El departamento de Bustinduy ha enviado una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que administran más de 100.000 viviendas en todo el territorio español. En esta comunicación, se les informa sobre la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que expiran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, siempre que los inquilinos lo soliciten. Esta medida busca asegurar condiciones equitativas y evitar incrementos abusivos en los alquileres.
Bustinduy destacó que el decreto, pendiente de convalidación en un plazo de 30 días, pretende que «los inquilinos sigan pagando sus alquileres mensualmente» y evitar que las familias sean expulsadas por incrementos de alquiler hasta del 60%. El ministro subrayó que muchas familias no podrán soportar tales aumentos, afectando a diversas situaciones, como hijos en colegios del barrio o jóvenes que, frente a un alza del 50%, deberían regresar a vivir con sus padres.
Para Bustinduy, esta prórroga es una cuestión de «sentido común» y no de «izquierdas ni derechas»
El ministro expresó que la medida beneficiará a personas de todo el espectro político y criticó los «lobbies» inmobiliarios por sus «campañas de miedo». Rechazó la idea de que la postura de la derecha pudiera justificar el rechazo a la prórroga, considerándolo como un apoyo a operadores del mercado que ganan de manera desproporcionada.
Bustinduy extendió «la mano» a las formaciones políticas para negociar el decreto, incluyendo a Junts, y enfatizó la importancia de las próximas semanas para garantizar la convalidación de la norma. Señaló directamente a Juan Manuel Moreno Bonilla respecto a sus intenciones de favorecer el desalojo de los 360.000 andaluces que enfrentarían vencimientos de contratos de alquiler.
La fuerza de los inquilinos e inquilinas de este país va a ser imparable
Concluyó expresando confianza en que si los inquilinos se movilizan y solicitan la prórroga, la votación en el Congreso resultará a favor del decreto. El ministro considera que cualquier intento de bloquear la medida conllevaría un alto costo político para quienes se opongan.
