La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un análisis sobre el Real Decreto-ley 7/2026, recientemente aprobado por el Gobierno, destacando sus profundas reformas en el sector energético español. Según el informe elaborado por el profesor Diego Rodríguez, el decreto introduce cambios estructurales en acceso y conexión a redes, planificación de infraestructuras, así como en el fomento de renovables, almacenamiento y descarbonización industrial. Estos ajustes buscan no solo paliar el encarecimiento energético a corto plazo, sino abordar cuestiones estructurales del sector eléctrico.
Fedea resalta que el decreto introduce reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico. Sin embargo, alerta sobre el riesgo asociado a la utilización del acceso a la red eléctrica como herramienta de una política industrial intervencionista. En particular, la entidad advierte que la introducción de proyectos de alta prioridad, definidos por la Administración, podría derivar en una asignación discrecional del acceso, desviándose del principio de prelación temporal y mecanismos de concurrencia competitiva tradicionales.
La discrecionalidad en la asignación de acceso a la red podría distorsionar la competencia en el sector energético.
La normativa también anticipa un régimen específico para centros de datos, con posibles requisitos sobre el origen renovable de la electricidad y la eficiencia energética, lo que Fedea desaconseja, al considerarlo ajeno al procedimiento de acceso a la red.
En cuanto a mejoras específicas, Fedea elogia la creación de una prestación por reserva de capacidad, diseñada para combatir el acaparamiento especulativo. Además, respalda la introducción de hitos temporales que provocan la caducidad automática de permisos incumplidos. Estas medidas buscan dinamizar la capacidad de la red, liberando espacio para nuevos proyectos viables.
Sobre la planificación de la red de transporte, el informe destaca la flexibilización en los mecanismos de revisión, lo que facilita adaptarse a la demanda real. Asimismo, la inclusión de zonas de aceleración renovable (ZAR) y la simplificación de trámites administrativos se alinean con la normativa europea RED III, aunque vuelve a advertir sobre el riesgo de introducir subjetividades en proyectos prioritarios.
Fedea también valora las iniciativas para fomentar el almacenamiento energético, especialmente mediante el bombeo hidráulico, y subraya la efectividad de los contratos por diferencia de carbono para impulsar la descarbonización industrial. Por último, aprecia que se reincorporan medidas de contención de precios de la anterior crisis energética, como la reducción de impuestos y el bono social, aunque señala que no diferencian por renta y podrían disminuir el incentivo del ahorro energético con el alza de precios.
