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La CNMC propone medidas contra el fraude en el sector gasista para mejorar la seguridad y reducir costos

La CNMC aprueba medidas para combatir el fraude en el gas, enfocándose en conexiones ilegales y manipulaciones de contadores.

La CNMC propone medidas contra el fraude en el sector gasista para mejorar la seguridad y reducir costos
Por Redacción Capital

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado medidas para combatir el fraude en el sector del gas, con el fin de prevenir conexiones ilegales a la red y manipulaciones de contadores que podrían comprometer la seguridad pública. Esta propuesta busca regular el proceso de detección y estimación del fraude en el suministro de gas natural y gas licuado del petróleo (GLP) por canalización.

Las medidas están dirigidas a empresas transportistas, distribuidoras y comercializadoras de gas, así como a las compañías que gestionan redes de GLP canalizado y a los consumidores de gas. El fraude en el sistema gasista, manifestado a través de conexiones ilegales y alteraciones en los contadores, se ha incrementado, resultando en un perjuicio económico para las empresas y en posibles riesgos para la seguridad ciudadana.

El nuevo procedimiento pretende agilizar la detección del fraude y la facturación de los importes asociados, garantizando al mismo tiempo los derechos de los consumidores.

La CNMC propone un proceso que incluye etapas como la inspección, apertura de expediente, cálculo de la energía defraudada, notificación y facturación del fraude. Esta metodología promete facilitar la detección y persecución del fraude, proporcionando un marco claro de actuación para los titulares de las redes.

En cuanto a los cambios normativos necesarios, se prevé que puedan implementarse a través de un real decreto, conforme a la Ley de Hidrocarburos. El documento también presenta criterios para la estimación de las cantidades defraudadas y su valoración económica. Además, introduce la posibilidad de reducir recargos si el defraudador acepta la deuda y opta por el pronto pago.

La CNMC considera que este enfoque puede reducir la carga administrativa para las comunidades autónomas al gestionar expedientes de fraude en las instalaciones.

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