El Ministerio de Trabajo ha acordado con los sindicatos CCOO y UGT desarrollar un texto articulado sobre la reforma del despido en España, con el objetivo de impulsarlo al Congreso y fomentar así el debate político y parlamentario. La propuesta ha generado el rechazo tajante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, confirmó esta intención tras participar en una reunión de la mesa de diálogo social presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Durante el encuentro, CCOO y UGT presentaron formalmente su propuesta de reforma laboral a las patronales CEOE y Cepyme, así como al Ministerio de Trabajo. La propuesta sindical pretende garantizar indemnizaciones adecuadas para los despidos improcedentes, restablecer los salarios de tramitación y asegurar el derecho de readmisión para aquellos trabajadores despedidos sin causa objetiva, en alineación con las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
CCOO y UGT buscan reforzar las motivaciones de los despidos y establecer preavisos suficientes para proteger los derechos laborales
Pacheco criticó la postura de la patronal, reacia a modificar la regulación del despido en España. Acusó a la CEOE de contradecir el modelo de relaciones laborales promovido por la reforma de 2021, que buscaba mejorar la estabilidad y las condiciones laborales. El representante de CCOO instó al Gobierno a seguir trabajando en mejoras para los trabajadores.
Por su parte, la CEOE manifestó a Europa Press que asistió a la reunión de la mesa de diálogo social por respeto a los agentes sociales, pero reafirmó su negativa a negociar cambios en la regulación del despido. Argumentaron que, según el Tribunal Supremo, la legislación española ya se adapta a la Carta Social Europea y a los convenios de la OIT, y que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes.
La CEOE expresó además su descontento con las iniciativas del Ministerio, criticando lo que perciben como una falta de diálogo social y una constante interferencia en la negociación colectiva. Mencionaron como ejemplo las recientes propuestas de 100 medidas en Responsabilidad Social Empresarial impulsadas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que consideran buscan modificar íntegramente el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, relacionado con la subcontratación de obras y servicios.
