El Gobierno español podría suspender la transferencia de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 si las comunidades autónomas no facilitan la información necesaria para la planificación y evaluación de las políticas de vivienda. Esta medida busca reforzar la transparencia en el mercado inmobiliario mediante la recopilación de datos públicos, según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El plan, aprobado por el Consejo de Ministros, pretende impulsar la construcción de viviendas públicas y asequibles, así como la rehabilitación del parque residencial, además de ofrecer nuevas ayudas para el alquiler y la emancipación.
Pese a la posible suspensión de fondos, el Ministerio confía en la colaboración con las comunidades autónomas para transferir semestralmente los datos de contratos de arrendamiento sin invadir sus competencias. Estos datos serán utilizados por el Observatorio de Vivienda y Suelo para garantizar transparencia y contrarrestar discursos del miedo relacionados con la vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto del plan anterior, con enfoques en construcción, rehabilitación y protección
Concretamente, hasta un 40% del presupuesto se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida. Otro 30% se enfocará en la rehabilitación del parque de vivienda existente, mientras que el resto se destinará a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. En caso de no justificar adecuadamente el uso del presupuesto asignado, las comunidades verán reducida su financiación en futuras anualidades.
En cuanto a las ayudas directas, el plan contempla el Bono Alquiler Joven, que incrementa su cuantía a 300 euros mensuales para jóvenes de hasta 35 años que cumplan ciertos requisitos. Los ingresos anuales de los solicitantes podrán ser de hasta cinco veces el IPREM, y el alquiler máximo permitido será de 1.000 euros mensuales.
Por otro lado, se ha dispuesto una extensión en los plazos para finalizar las obras de promoción de vivienda y rehabilitación energética financiadas con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Estas obras inicialmente debían culminar antes del 30 de junio de 2026.
El Gobierno ha convocado para el 28 de abril la Comisión Multilateral que preparará la Conferencia Sectorial de Vivienda, encargada de aprobar el reparto del presupuesto del plan tras las elecciones en Andalucía. Se requerirá una mayoría simple para aprobar estos criterios, y el Gobierno espera alcanzar un acuerdo, pues de lo contrario, miles de ciudadanos podrían quedarse sin ayuda.
Finalmente, el Estado asumirá el 60% de la inversión total del plan, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante. Este año, la Administración General adelantará 800 millones del presupuesto, y las comunidades deberán aportar su parte proporcional en años posteriores.
