El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda presentada por el Partido Popular este martes. La iniciativa busca permitir que bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para desalojar a los denominados 'okupas'. El PP ha logrado el apoyo de Junts, Vox y UPN, mientras que PNV y Coalición Canaria se han abstenido. El resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno, ha votado en contra. Esta propuesta coincide con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por parte del Consejo de Ministros.
La propuesta del PP no solo toca el ámbito urbanístico, sino que también impacta directamente sobre la Ley de Vivienda de 2023, derogando varios de sus puntos principales
Entre las medidas destacadas de la proposición se encuentra la derogación de las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia en los alquileres, elementos centrales de la Ley de Vivienda de 2023. Además, la reforma permitiría que entidades jurídicas, como bancos y fondos, utilicen un juicio verbal para recuperar la posesión de viviendas ocupadas sin consentimiento. Esta vía judicial, destinada a casos de escasa cuantía, hasta ahora estaba reservada a entidades sin ánimo de lucro.
La proposición de ley también prevé reducir el plazo máximo de suspensión de los desahucios de dos meses a uno si el demandante es una persona física, y de cuatro a tres meses si es una persona jurídica. Esto busca agilizar la aplicación de medidas de protección para personas vulnerables.
Por otro lado, se modifica el criterio para determinar la vulnerabilidad económica, estableciendo que las unidades familiares que superen ingresos mensuales de 900 euros ya no se considerarán vulnerables a efectos de desahucios. El umbral pasa de ser el triple del Iprem a 1,5 veces ese indicador.
En el aspecto urbanístico, la ley permitiría el avance de construcciones y alteraciones arquitectónicas tras tres meses sin resolución expresa de la administración, aplicando el llamado "silencio positivo". Sin embargo, obras en edificaciones con protección histórica o ambiental y en suelos rurales seguirán necesitando aprobación expresa.
Asimismo, se pretende establecer una plataforma para mejorar la coordinación entre administraciones y agilizar la emisión de informes sectoriales relacionados con proyectos urbanísticos, fomentando la interoperabilidad entre sistemas. La reforma también introduce la acción pública para limitar impugnaciones con intereses puramente económicos.
Además, se propone que Ceuta y Melilla obtengan la capacidad para aprobar sus instrumentos de ordenación urbanística, previo informe de la Administración General del Estado.
