El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional destinado a actualizar las normas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea. Este pacto, que se concreta tras años de negociaciones, introduce cambios significativos en la gestión de las prestaciones por desempleo en situaciones transfronterizas, asignando al país de trabajo la responsabilidad de los pagos en ciertos casos.
La reforma tiene como objetivo clarificar qué Estado miembro es responsable de abonar prestaciones como el paro, ayudas familiares y cuidados de larga duración cuando una persona vive o trabaja en diferentes países de la UE. Se establecen criterios más precisos para casos de desempleo, determinando que el país donde se ha trabajado, tras un mínimo de 22 semanas de cotización, asuma el pago de la prestación.
El acuerdo busca que el coste de las prestaciones no recaiga en países en los que el trabajador no ha contribuido, promoviendo un reparto equilibrado entre administraciones.
Este nuevo marco amplía de tres a seis meses el tiempo durante el cual un trabajador desempleado puede seguir percibiendo el paro de su país mientras busca empleo en otro Estado miembro. También mejora la coordinación de las prestaciones de cuidados de larga duración y la distribución de ayudas familiares para quienes residan o trabajen en diferentes países.
El texto establece normas más claras sobre el acceso a ayudas sociales para ciudadanos de la UE que no trabajan y fortalece las medidas aplicables a trabajadores desplazados, con el fin de prevenir prácticas abusivas e incrementar los controles. Se introducen cambios en la obligación de notificar a las autoridades cuando una empresa traslada a un trabajador a otro país. Esta notificación será obligatoria, salvo en desplazamientos breves de hasta tres días, con controles más estrictos en sectores específicos como la construcción.
El acuerdo, pendiente de aprobación formal por el Consejo y el Parlamento, también impulsa la cooperación entre autoridades nacionales, mejora el intercambio de información y promueve una mayor digitalización de los procedimientos, con el propósito de agilizar los trámites para trabajadores y empresas.
