Mercados e inversión

La CNMC inicia 15 expedientes por infracciones graves en torno al apagón eléctrico de 2025

La CNMC abre 15 expedientes a Endesa y otras eléctricas por infracciones graves relacionadas con el apagón del 28 de abril de 2025.

La CNMC inicia 15 expedientes por infracciones graves en torno al apagón eléctrico de 2025.
Por Redacción Capital

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado 15 nuevos expedientes sancionadores por presuntas infracciones graves en el marco de las investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Aunque estas prácticas han sido identificadas en fechas distintas al evento, los expedientes están dirigidos principalmente a Endesa, con otros destinados a TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja.

Estos expedientes se suman a otros 20 iniciados previamente, el pasado 17 de abril, que afectaron a Red Eléctrica de España (REE) y a varias instalaciones de generación eléctrica pertenecientes a grandes eléctricas del país, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad, por infracciones graves. Según la CNMC, las prácticas investigadas se habrían producido en diferentes días, no exclusivamente en la fecha del apagón, pero representan igualmente indicios de posibles infracciones.

Los hechos investigados no implican que las empresas afectadas sean responsables del apagón, ya que el incidente tuvo un origen multifactorial.

Todas las nuevas incoaciones están calificadas como graves, según el artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), por incumplimientos sin riesgo para la garantía del suministro o daño grave. Un caso particular es el expediente de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), que se ha abierto por infracción grave conforme al artículo 65.34 de la LSE, debido a ofertas anormales o desproporcionadas que podrían alterar el despacho de unidades de generación o la casación del mercado.

La CNMC aclara que la incoación de estos procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación. Establece que la duración de estos procesos varía entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de la infracción, y permite que las partes interesadas presenten alegaciones y soliciten pruebas.

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