La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará este martes en el Congreso el último informe sobre las fundaciones asociadas a partidos políticos. El documento revela cómo se distribuyeron los 12,87 millones de euros que estas entidades gestionaron durante 2021 y 2022. Según el informe, la Fundación Concordia y Libertad del PP fue la que más subvenciones públicas recibió, mientras que la Fundación Disenso de Vox, presidida por Santiago Abascal, obtuvo la mayor cantidad de contribuciones privadas, en su mayoría provenientes del propio partido. Por su parte, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE cerró nuevamente en 'números rojos'.
Las fundaciones políticas recibieron 4,93 millones de euros de subvenciones públicas, repartidos entre los 2,39 millones de 2021 y los 2,53 millones de 2022. Destaca la Fundación Concordia y Libertad, que en estos dos años ha sumado cerca de dos millones de euros a través de este mecanismo. En contraste, la Fundación FAES de José María Aznar ya no figura en el listado tras su desvinculación del PP.
Los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores han sido las principales fuentes de estas subvenciones. El Tribunal de Cuentas aconseja al Gobierno que exija a estas entidades estar registradas en el Ministerio del Interior para poder optar a las ayudas. En total, las fundaciones recibieron 7,93 millones en donaciones privadas y aportaciones de sus formaciones políticas, lideradas por la Fundación Disenso de Abascal, que acumuló más de cinco millones de euros, principalmente mediante transferencias de Vox.
El informe revela que solo una quincena de fundaciones están correctamente registradas en el Ministerio del Interior, incumpliendo la normativa vigente.
Por otro lado, el informe detecta que siete fundaciones tienen un patrimonio neto negativo a finales de 2022. Entre ellas sobresale la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con un déficit de 2,25 millones de euros, a pesar de haber recibido 1,38 millones en aportaciones y subvenciones en el período evaluado. Otras entidades en situación similar son la Fundación Eduardo Obregón, del PRC, y la Sociedad Fundación Elkartu de Eusko Alkartasuna, esta última en proceso de disolución.
A nivel general, las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos pasan la auditoría del Tribunal de Cuentas, a pesar de algunas irregularidades en la gestión de donaciones. Por ello, el Tribunal recomienda establecer un umbral mínimo para que las entidades notifiquen obligatoriamente las donaciones recibidas de personas jurídicas.
Se detectó que solo una veintena de entidades entregaron sus cuentas dentro del plazo estipulado. Además, el informe señala a tres fundaciones asociadas con Izquierda Unida que no presentaron sus cuentas anuales, incumpliendo las normativas legales. Estas son Por la Europa de los Ciudadanos, el Instituto de Estudios Políticos en la Comunidad Valenciana y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo del Partido Comunista asturiano.
El Tribunal también observó que varias fundaciones permanecieron inactivas durante 2021 y 2022, por lo que insta a sus patronatos a considerar su disolución para evitar que funcionen únicamente como poseedoras de bienes o receptoras de recursos de los partidos. Asimismo, recalca la necesidad de establecer una auditoría obligatoria para aquellas fundaciones cuyo ingreso supere un mínimo estipulado por ley, aunque todas las auditorías presentadas hasta el momento resultaron positivas.
