Bélgica ha incrementado a cerca de 840 millones de euros los embargos sobre España debido al impago de laudos arbitrales relacionados con el recorte a las renovables. Este importe, que afecta principalmente a pagos recibidos por España a través de la empresa pública Enaire por la gestión del tráfico aéreo, refleja la acumulación de órdenes de embargo de casos como Eurus Energy, RREFF u Operafund, según informaron los abogados de los acreedores.
España habría propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, conocida como escrow. Esta medida busca lograr el levantamiento de embargos, aunque aún no ha accedido a pagar directamente a los inversores. Según las fuentes, el objetivo de España sería reducir el monto bloqueado a 250 millones de euros. La oferta de consignación, argumentan los acreedores, debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recuerda que el sistema judicial belga permite el embargo de activos sin previa audiencia al Estado. Ante esta situación, España ha recurrido estos embargos y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por reconocer laudos arbitrales contra España, en aparente violación de normas sobre ayudas de Estado.
España se enfrenta a una serie de embargos y fallos judiciales en varios países, lo que pone en riesgo su credibilidad internacional si no se llega a un acuerdo satisfactorio con los acreedores.
El gobierno español insiste en que el depósito realizado no supone una renuncia a sus derechos ni debilita sus argumentos legales sobre la inmunidad de ejecución y la normativa de ayudas de Estado. La deuda total de España por estos laudos asciende a más de 2.310 millones de euros, incluidos los sobrecostes financieros y legales.
La creciente presión internacional se refleja también en otros tribunales. En Países Bajos, los acreedores han logrado embargar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, y en Estados Unidos, siete sentencias ordenan pagar indemnizaciones por 688 millones de euros. Procedimientos similares se llevan a cabo en Reino Unido y Australia, con decisiones que respaldan las reclamaciones contra España.
El Ministerio español ha señalado que los ejecutantes en estos casos no son directamente las empresas afectadas, sino un fondo de inversión, Blasket, que adquiere laudos contra España para su ejecución en el extranjero. Además, han destacado que los procedimientos en curso en Estados Unidos aún pueden ser apelados, y confían en que el Tribunal Supremo estadounidense dé un fallo favorable que impida la ejecución de los laudos en dicho país.
