El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno es el marco con el que pretende abordar durante el próximo lustro una de las crisis más acuciantes que padece la sociedad española, especialmente, su juventud. Los precios de compraventa y de alquiler no dejan de escalar porque la oferta de inmuebles disponibles es grotescamente inferior a la demanda (sobre todo, en las grandes ciudades).
Todo ello provoca que la emancipación efectiva de los jóvenes -no ya comprar, sino simplemente dejar de compartir piso con desconocidos- se retrasa año tras año. Problemas existenciales, cabría suponer, que exigen soluciones radicales. Pues bien, lo que nuestro ejecutivo socialdemócrata ha puesto sobre la mesa no es radical: es testimonial.
Conviene recordar que un desequilibrio estructural entre oferta y demanda puede abordarse desde dos grandes enfoques. El liberal-libertario propone eliminar impuestos que gravan la construcción y la compraventa, y sobre todo derogar las regulaciones urbanísticas que encarecen artificialmente el aumento de la oferta. El socialdemócrata, por su parte, apuesta por que sea el Estado, con recursos extraídos de los contribuyentes, quien incremente sustancialmente el parque de vivienda pública.
No es ningún secreto que me adscribo al primer enfoque; pero puedo entender que un gobierno de izquierdas se decante por el segundo. Lo que no puedo entender -y resulta directamente incomprensible- es que un gobierno que dice creer en la solución pública destine a esa solución recursos que apenas arañan la superficie del problema.
Y es que la dotación presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda para todo el quinquenio asciende a 7.000 millones de euros. Suena imponente hasta que uno divide: son 1.400 millones de euros anuales en promedio, una cifra inferior al 0,1% del PIB español. Ante lo que el propio gobierno califica como emergencia habitacional, su respuesta presupuestaria equivale a una partida de calderilla dentro de unos presupuestos generales que manejan cientos de miles de millones.
Todavía peor: ni siquiera esos 1.400 millones anuales se destinarán íntegros a levantar viviendas: una parte se diluirá en gastos burocráticos diversos. Pero supongamos, siendo generosos, que cada céntimo se dedicara efectivamente a construir. A un coste medio por vivienda de 200.000 euros (tirando por lo bajo), obtendríamos unas 7.000 viviendas públicas nuevas al año. Con costes algo más realistas, digamos 300.000 euros por unidad, no llegaríamos a 5.000.
Contrástese con la magnitud real del problema. El Banco de España -institución que difícilmente puede ser tachada de ultraliberal, máxime cuando la preside un exministro del PSOE, José Luis Escrivá- estima que el déficit acumulado de vivienda en nuestro país ronda las 700.000-800.000 unidades, y que ese déficit crece a un ritmo de unas 200.000 viviendas anuales.
Es decir, que para simplemente contener la escalada de precios habría que colocar de golpe 800.000 viviendas nuevas en el mercado y producir cada año otras 200.000. ¿Cuánto del déficit anual cubriría este ambicioso plan estatal? Siendo optimistas, entre el 2,5% y el 3,5%. Una gota en un océano de escasez.
Y aquí reside la incoherencia más sangrante del PSOE. Si el gobierno cree sinceramente que la solución a la crisis habitacional pasa por la intervención pública, entonces debería estar movilizando recursos incomparablemente mayores: decenas de miles de millones, no un puñado testimonial.
Pero si no está dispuesto a asumir ese esfuerzo presupuestario (y, evidentemente, no lo está), entonces la alternativa lógica sería dejar que el mercado haga lo que el Estado no quiere hacer: derogar las normativas urbanísticas que estrangulan la oferta, abaratar los trámites, reducir la fiscalidad que grava cada eslabón de la cadena constructiva.
Lo que constituye un ejercicio de cinismo político difícilmente superable es negarse a liberalizar la oferta privada y simultáneamente destinar a la oferta pública recursos que apenas cubren un 3% del déficit anual. Eso no es una política de vivienda: es un teatrillo propagandístico.
Cada año que transcurre sin solución, miles de proyectos vitales se abortan: jóvenes que no se emancipan, familias que no se constituyen, vidas que quedan suspendidas a la espera de un techo que no llega. Y, mientras tanto, el gobierno sólo escenifica preocupación. Ahí están las cifras para juzgar cuánto se toman en serio esta cuestión.
