La séptima semana del juicio sobre la 'Operación Kitchen' se centra en la presentación de pruebas documentales clave. Durante estos días, se exhibirán numerosos archivos y audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, destacando una grabación de aproximadamente nueve horas. Este paso es previo a las declaraciones de los acusados, cuyo inicio aún no tiene fecha definida.
El juicio está investigando presuntas actividades parapoliciales supuestamente orquestadas por el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo habría sido sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, y así obstaculizar la investigación del 'caso Gürtel', que examina una supuesta contabilidad opaca dentro del partido. Durante los procedimientos, se presentarán audios y documentos incautados en 2017 en los registros a las propiedades de Villarejo, que contenían gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas con anotaciones.
Estos audios y documentos se han convertido en pruebas fundamentales para sustentar las acusaciones en la 'Operación Kitchen' y otras partes de la macrocausa 'Tándem', conocida como 'caso Villarejo'.
En el transcurso del juicio, un integrante del Centro Criptológico Nacional testificó que varios de los archivos hallados estaban encriptados. Lograron descifrar menos de la mitad, y el trabajo fue suspendido después de un año sin avances significativos. Según el perito, descifrar los 92 archivos encriptados restantes podría demorar "años o incluso siglos". Se accedió al contenido de 40 archivos, tras lo cual decidieron cesar la labor por falta de resultados.
Una vez concluidas las presentaciones documentales, se procederá con las declaraciones de los acusados. Villarejo, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión, podría comenzar a testificar a finales de la próxima semana. También está acusado Sergio Ríos, el que fue chófer de Bárcenas, para quien se pide una pena de 12 años y cinco meses. Entre los demás acusados se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo; todos enfrentan una solicitud de 15 años de cárcel por parte del Ministerio Público.
