El juicio de la 'Operación Kitchen', que investiga el supuesto espionaje organizado por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se centra esta semana en la declaración del comisario retirado José Manuel Villarejo. El objetivo del presunto espionaje era obtener información del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para entorpecer las investigaciones sobre una posible contabilidad paralela en el partido.
El juicio se celebrará el lunes, único día programado para esta semana, y Villarejo declarará después de Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para Pino y, para Villarejo, la pena más alta del juicio: 19 años por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
El tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha revisado en las últimas semanas diversas grabaciones de Villarejo. Estos audios son una parte fundamental de la documentación probatoria en esta causa, que se deriva de la investigación más amplia del caso 'Tándem' o 'caso Villarejo'. En las grabaciones, se recogen conversaciones con figuras relevantes como la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, entre otros.
Entre las pruebas presentadas, destacan conversaciones del comisario donde se refiere a grabaciones "duras" entre Rajoy y Bárcenas
Entre los acusados también se encuentran Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y otros altos cargos como Francisco Martínez, Pino y Andrés Gómez Gordo. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para ellos, así como 12 años para el ex chófer de Bárcenas, implicado en la trama. Además, Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, enfrenta una petición de dos años y medio de prisión.
Por otro lado, los inspectores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera han sido acusados, aunque la Fiscalía ha solicitado el archivo de su caso por falta de pruebas contundentes. El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, no está siendo juzgado debido a una incapacidad mental producto de un ictus sufrido en 2022.
