El Consejo General del Notariado ha manifestado su inquietud frente a ciertas disposiciones incluidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública de España. Esta legislación, que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en febrero, busca reforzar medidas anticorrupción. Sin embargo, algunos aspectos del anteproyecto, ahora en audiencia pública, despiertan preocupación entre los notarios, especialmente aquellos relacionados con las sociedades de responsabilidad limitada, la transmisión de participaciones sociales y su inscripción registral.
Actualmente, las transacciones de participaciones deben formalizarse con escritura pública notarial para adquirir efectos legales, pero el anteproyecto propone sustituir esto por documentos privados presentados con firma digital en el Registro Mercantil. Según los notarios, dicha medida elimina el control previo de legalidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica preventiva y dificultando la identificación de los intervinientes, lo que podría facilitar delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal.
El Consejo General del Notariado advierte que el nuevo marco legal podría resultar en una mayor opacidad en las transacciones corporativas, con implicaciones negativas en la lucha contra el fraude
La presidenta del Consejo, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha alertado que la sustitución de la escritura pública por documentos privados sin control legal podría ser aprovechada por individuos con intenciones corruptas para ocultar información hasta que eso les resulte conveniente, utilizando como ejemplo el fallido intento británico de reformar su normativa para evitar el uso indebido de sociedades.
En Reino Unido, modificaciones similares llevaron a registros bajo nombres ficticios como "Superman" y "Darth Vader", lo que forzó otra reforma que incluía un sistema de verificación de identidades. A pesar de mejorar la identificación, el Consejo señala que todavía no asegura conocer a la verdadera persona con control significativo de una sociedad.
Además, las medidas propuestas tendrían implicaciones para el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, comprometido con la colaboración en investigaciones policiales y jurídicas. Este órgano se apoya en el Índice Único Informatizado Notarial y la Base de Datos del Titular Real para identificar a personas tras estructuras societarias complejas. Cambios en el control y la verificación de identidad podrían dificultar estas labores esenciales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
