El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el decreto ley que actualiza las entregas a cuenta para las comunidades autónomas en 2026, las cuales se elevarán a 157.731 millones de euros. Este texto, aprobado previamente en el Consejo de Ministros y en vigor tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será sometido a votación para decidir si se convalida o se deroga. El Gobierno ha decidido presentar el decreto al Congreso sin agotar el plazo de 30 días, como establece el orden del día recogido por Europa Press.
Estas entregas a cuenta permiten a las comunidades autónomas, con la excepción de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, recibir por adelantado parte de los fondos del sistema de financiación autonómica. Este sistema abarca elementos como la tarifa autonómica del IRPF y el porcentaje cedido del IVA, entre otros impuestos.
El gobierno advierte que no actualizar las entregas a cuenta podría generar resultados financieros indeseados
En el actual contexto de prórroga presupuestaria desde 2023, el Gobierno señala en la exposición de motivos del decreto que los Presupuestos resultan esenciales para dotar a las autonomías y entidades locales de los recursos necesarios mediante las entregas a cuenta. Además, el ministro de Hacienda, Arcadi España, añadió que a la cantidad destinada a estas entregas se suma la previsión de liquidación de 2024, alcanzando un total de 170.300 millones de euros para 2026, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al año anterior.
El decreto también se enfoca en las entregas a cuenta a entidades locales, que ascenderán a 29.247 millones, un 8,8% más que el año pasado. Con el superávit de 2025, los ayuntamientos podrán realizar inversiones en áreas como el alcantarillado, la industria, la energía, el comercio, la protección civil y las infraestructuras, sin que estas inversiones computen para la regla de gasto. Esta medida afectará a más de 2.540 entidades locales y movilizará recursos por valor de 3.000 millones de euros. Además, el régimen excepcional permitirá que los ayuntamientos destinen remanentes a políticas de vivienda durante los próximos cuatro años.
