La factura de la luz para los usuarios con tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado un aumento del 4,6% en junio respecto a mayo, alcanzando los 79,08 euros, según un informe de Facua-Consumidores en Acción. Sin embargo, en términos interanuales, se observó un leve descenso del 0,4% en comparación con junio de 2025, cuando la factura fue de 79,41 euros.
Facua destaca que la evolución de los costes en los últimos años muestra variaciones significativas. Para un usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh, el coste fue de 72,37 euros en junio de 2024, 72,53 euros en 2023 y llegó a los 133,85 euros en 2022. En términos de tramos horarios, en junio, el precio medio de la electricidad se situó en 23,66 céntimos por kWh en horario punta, 14,46 céntimos en llano y 15,62 céntimos en valle. Comparado con el año anterior, el precio en horario punta ha subido un 1,8%, mientras que ha disminuido en el llano y el valle un 3,8% y un 2,2%, respectivamente.
Facua exige al Gobierno un IVA reducido y permanente para la electricidad, argumentando que es injusto aplicar un tipo impositivo alto a un suministro esencial para las familias
La organización de consumidores ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a implementar cambios regulatorios que permitan un IVA reducido de forma permanente en la electricidad. Además, propone que la menor recaudación fiscal sea compensada con un incremento de los impuestos directos a grandes empresas. Facua también reitera su demanda de que energías como la nuclear y la hidroeléctrica queden fuera de la subasta marginalista diaria, sugiriendo precios fijos establecidos a largo plazo por el Gobierno para evitar los "beneficios caídos del cielo".
Asimismo, Facua solicita al Ministerio para la Transición Ecológica campañas publicitarias para promover el bono social, dado que muchos potenciales beneficiarios no lo solicitan por desconocimiento. También pide medidas para que los hogares ajusten la potencia contratada, estimando que los usuarios están pagando alrededor de mil millones de euros anuales de más por exceder en kilovatios no utilizados.
