Un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), dirigido por Judith Arnal, sugiere que los centros de procesamiento de datos (CPD) podrían fortalecer la economía digital española. Sin embargo, esta potencialidad está condicionada a una vigilancia adecuada sobre la cesión de recursos escasos. El análisis defiende una apuesta que garantice que la inversión en estos centros se traduzca en una "captura efectiva" de valor en el territorio, atendiendo a las contrapartidas necesarias como suelo, energía, agua, fibra óptica y capacidad de red.
El éxito de los centros de datos en España depende de un marco regulatorio claro y de condiciones transparentes que aseguren el retorno local de la inversión
El informe destaca la importancia de las comunidades autónomas en establecer condiciones concretas para estos proyectos, mientras alerta sobre los riesgos que implica el nuevo régimen de acceso a la red establecido en el Real Decreto-ley 7/2026. Según Fedea, esta normativa permite una vía rápida discrecional para permisos de acceso a la red que podría llevar a desigualdades en la gestión de recursos.
El crecimiento en las necesidades de cómputo, potenciado por la inteligencia artificial, ha incrementado la dimensión y el consumo energético de los CPD, convirtiéndolos en infraestructuras estratégicas. España, gracias a sus condiciones energéticas, suelos y redes de fibra óptica, se posiciona como un destino atractivo en Europa para estas instalaciones. Sin embargo, se subraya que el verdadero valor añadido, en términos de cómputo y servicios cloud e IA, es difícil de retener localmente.
Fedea recomienda que la captura de valor se regule a nivel territorial, sugiriendo condiciones administrativas y compromisos verificables en áreas como industria local, tecnología, formación y retorno fiscal. El informe critica la falta de transparencia en negociaciones individuales y alerta sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos de acceso a la red, proponiendo que se basen en requisitos de sostenibilidad que actualmente no se aplican a otros grandes consumidores eléctricos.
Finalmente, el estudio enfatiza que para que España refuerce su posición en la economía digital europea a través de los CPD, es crucial que el Estado ofrezca un marco de acceso a la red que sea claro, predecible y no discriminatorio, asegurando que el territorio establezca, con transparencia, las condiciones para que la inversión se traduzca en un valor real y local.
