Adif ha registrado en el primer semestre de este año 409 denuncias por el robo de cables en la red ferroviaria, una cifra que supera todos los registros anuales desde 2018, a excepción de 2025 cuando se alcanzaron 462 denuncias. Según ha comunicado la empresa pública, la sustracción de estos componentes esenciales para la explotación ferroviaria provoca graves perjuicios al servicio, afectando a los sistemas de gestión del tráfico ferroviario y repercutiendo en un servicio público fundamental.
Los robos de cableado relacionados con la electrificación o con equipos de señalización y telecomunicaciones no solo tienen un impacto económico, sino que deben ser reemplazados rápidamente para restaurar la funcionalidad de las instalaciones y asegurar la seguridad. Esto frecuentemente obliga a interrumpir parcial o totalmente la circulación, ocasionando retrasos y molestias a los usuarios. Adif denuncia todas estas sustracciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, manteniendo una estrecha coordinación para frenar y perseguir estos delitos que afectan a viajeros, operadoras, empresas logísticas y a una infraestructura estratégica.
La reciente oleada de robos de cable está causando retrasos e interrupciones significativas en el servicio ferroviario
Después de una tendencia decreciente entre 2018 y 2020, con denuncias que bajaron de 206 a un mínimo de 121, las cifras aumentaron a 279 en 2021, 392 en 2022, 360 en 2023 y 345 en 2024, alcanzando un máximo en 2025. En 2026, a mitad de año, se ha alcanzado una cifra muy cercana a la de todo el año anterior. Cataluña, desde 2018, lidera el número de denuncias con un 27,7%, seguida de Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%). En lo que va de 2026, Cataluña vuelve a encabezar la lista con el 37,8% de las denuncias, seguida de Aragón (23,1%), País Vasco (7%) y Castilla-La Mancha (6,2%).
Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible planifica proponer un endurecimiento de las penas por robo de cables y otros elementos de infraestructuras ferroviarias mediante la reforma del artículo 240 del Código Penal. La iniciativa busca ajustar las penas a la gravedad de estas acciones, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria, en respuesta a los recientes robos que han perturbado el servicio ferroviario.
