La Junta Electoral Central (JEC) evaluará este jueves una solicitud presentada por Vox para limitar la votación por correo de los españoles residentes en el extranjero. Vox propone que solo se pueda votar presencialmente en consulados o embajadas, argumentando que el actual sistema de voto por correo para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no exige suficiente identificación y está afectado por la gestión en el país de residencia del votante.
La petición de Vox se sustenta en su preocupación por lo que describen como un golpe de Estado a cámara lenta orquestado por el Gobierno desde 2022, al facilitar la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados mediante la conocida ley de nietos, parte de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa ha sido objeto de múltiples solicitudes ante la JEC, no solo por Vox, sino también por particulares, el sindicato CSIF, el partido Iustitia Europa y la plataforma Hazte Oír.
La ley de nietos, parte de la Ley de Memoria Democrática, ha sido foco de controversia política y social en relación con su aplicación y el impacto en el censo electoral
El CSIF ha solicitado directrices claras para los consulados sobre cómo gestionar la concesión de la nacionalidad y la inclusión en el censo electoral, insistiendo en que estas acciones se lleven a cabo sin incurrir en ilegalidades. De acuerdo con el sindicato, la JEC debería instruir a los consulados a aceptar únicamente pruebas de exilio basadas en motivos políticos, ideológicos, de creencia o por orientación e identidad sexual.
Entre las preocupaciones del sindicato está la instrucción de la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que permite suponer la condición de exiliado para quienes dejaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir documentación. CSIF solicita que también se aclaren los criterios para asignar el municipio de arraigo de los nuevos nacionales y que las inclusiones en el censo se basen únicamente en exilios demostrados, no supuestos.
La organización Hazte Oír ha sumado críticas, aportando más de 126,000 firmas contra lo que consideran un fraude electoral ligado a la concesión de nacionalidad bajo esta ley. Iustitia Europa, por su parte, insta a la JEC a clarificar la utilidad de este proceso para, según su visión, evitar la manipulación del censo electoral por parte del Gobierno.
