El periodo promedio para recuperar una vivienda tras un impago en España ha alcanzado los 11 meses en 2026, según informa la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). En casos más complejos, este proceso puede extenderse incluso por más de dos años, desde el primer incumplimiento hasta la recuperación efectiva del inmueble.
Esta situación ha llevado a numerosos propietarios a endurecer las condiciones de acceso al alquiler o a dar de baja sus viviendas del mercado, debido a la creciente inseguridad jurídica. Según SEAG, más del 70% de los arrendadores consideran que la morosidad y la dificultad para recuperar un inmueble son los principales riesgos del alquiler. Esta incertidumbre sobre los plazos judiciales se ha convertido en un factor tan importante como la rentabilidad esperada, especialmente para los pequeños propietarios, quienes constituyen la mayoría del mercado de alquiler en el país.
La inseguridad jurídica está reduciendo la oferta de alquiler, mientras España necesita más viviendas para satisfacer la demanda actual
Desde un punto de vista económico, el costo medio para SEAG al cubrir a un propietario asciende a 4.000 euros, considerando el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la falta de ingresos por la renta. Para aquellos casos en los que el inquilino deja de pagar completamente, las pérdidas por impago pueden oscilar entre 10.000 y 13.000 euros, suponiendo entre un 70% y 80% del costo total para una renta estimada de 700 euros mensuales. A estos montos se añaden los gastos legales del desahucio, que varían de 800 a 1.500 euros, y los costos por daños y reacondicionamiento, entre 500 y 3.000 euros.
Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG, ha subrayado la necesidad de proteger a las familias vulnerables, aunque insiste en que esta responsabilidad no debería recaer únicamente en los propietarios. "La suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede extender la recuperación de una vivienda durante meses, generando una inseguridad jurídica que reduce la oferta de alquiler", destacó Salinas.
En consecuencia, a pesar de que el mercado español necesita integrar cientos de miles de viviendas para atender la demanda, algunos arrendadores prefieren mantener sus inmuebles vacíos, considerar alternativas al alquiler tradicional o aumentar las exigencias de solvencia a los inquilinos potenciales.
