El impago en el mercado del alquiler ha incrementado notablemente el riesgo económico para los propietarios, según ha destacado la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) en un comunicado reciente. Aunque la normativa vigente define derechos y obligaciones para ambas partes, el equilibrio de riesgo "no siempre es simétrico", señala la organización.
Según cifras del informe, cada año en España se registran miles de procedimientos de desahucio por impago, con un tiempo medio para recuperar una vivienda que puede superar los 10 meses desde el primer "incumplimiento". En este contexto, SEAG subraya que, si bien arrendador y arrendatario enfrentan "incertidumbres", el propietario asume el "mayor riesgo económico y patrimonial", especialmente cuando hay "impagos".
El arrendador pone en juego un activo patrimonial y su estabilidad de ingresos, enfrentándose a situaciones como el impago de la renta, lo que resulta en costes judiciales, deterioro del inmueble y una caída directa de la rentabilidad. Por su parte, el inquilino se expone a perder la fianza o a responder por daños durante el contrato, así como a responsabilidades derivadas de la habitabilidad o la gestión del suministro.
El inquilino arriesga su fianza, pero el propietario puede ver comprometida su inversión durante meses o años.
Daniela Salinas, responsable jurídica de SEAG, destaca que la situación afecta severamente al arrendador en términos económicos, en ocasiones superando los 15.000 euros, lo que convierte el alquiler en un "foco de costes" en vez de una fuente de ingresos. Según el análisis de SEAG, las rentas impagadas representan entre el 70% y el 80% del impacto económico total, con una duración media de los procedimientos judiciales y rentas de entre 800 y 1.000 euros mensuales, lo que puede suponer entre 10.000 y 13.000 euros.
Además, los gastos legales constituyen entre el 5% y el 10% del total, con costes que varían entre 800 y 1.500 euros en abogados, procuradores y tasas. También deben considerarse los posibles daños en el inmueble, representando entre el 10% y el 15% del total, con importes entre 1.500 y 3.000 euros dependiendo del estado en que se recupere la propiedad. Otros gastos, como suministros impagados y tasas, pueden añadir entre 500 y 1.000 euros más.
SEAG concluye subrayando la "necesidad" de equilibrar la protección de arrendadores y arrendatarios para asegurar el "buen funcionamiento del mercado".
